Los nuevos imperios: datos, energía y biotecnología
Los imperios clásicos se construían sobre territorio, ejércitos y rutas comerciales. Los del siglo XXI se construyen sobre tres recursos que la mayoría de la población ni siquiera percibe como tales: datos, energía computacional y código genético. No ondean banderas, no firman tratados y no necesitan colonias. Operan a través de patentes, centros de datos y licencias de propiedad intelectual. Y sin embargo, el grado de concentración de poder que acumulan no tiene precedente histórico desde las compañías de las Indias Orientales. Un estudio publicado en Policy and Society (Oxford) demuestra que la IA generativa ha acelerado la concentración de poder en manos de un puñado de corporaciones tecnológicas que controlan la infraestructura digital, los datos y los procesos políticos. No es una metáfora: es un análisis empírico de cómo Big Tech moldea la legislación que supuestamente debería regularla.
Primer pilar: los datos. Estados Unidos alberga casi 4.000 centros de datos operativos, más que cualquier otro país del mundo, según Visual Capitalist. El mercado global del big data alcanzará los 454.000 millones de dólares en 2025 y superará el billón en 2034. Pero la cifra relevante no es el tamaño del mercado, sino su geometría: las cinco principales empresas controlan aproximadamente el 35 % de los ingresos de software. Meta, Alphabet, Amazon, Apple y Microsoft no son empresas en el sentido clásico del término; son infraestructuras civilizatorias. Procesan el correo, almacenan las fotografías, median las transacciones, indexan el conocimiento y entrenan los modelos de IA que definirán la próxima década. Un paper del Journal of International Business Studies conceptualiza este fenómeno como un bucle de retroalimentación datos-IA que genera un poder sin precedentes para las multinacionales tecnológicas, un poder que ya desafía los marcos regulatorios de cualquier Estado.
Segundo pilar: la energía. Cada consulta a un modelo de lenguaje grande consume entre cinco y diez veces más electricidad que una búsqueda convencional. La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda eléctrica global de los centros de datos podría duplicarse entre 2022 y 2026, superando los 1.000 TWh, impulsada fundamentalmente por la IA. En Irlanda, los centros de datos ya consumen el 21 % de la electricidad nacional y podrían alcanzar el 32 % en 2026. En Virginia, el 26 %. En Dublín, el 79 %. Pew Research documenta que los centros de datos han encarecido la factura eléctrica de los hogares de Baltimore en 17 dólares mensuales, y un estudio de Carnegie Mellon proyecta subidas del 8 % en la tarifa media estadounidense para 2030, con picos superiores al 25 % en las zonas de mayor demanda. El operador de red PJM, que sirve a 65 millones de personas, prevé un déficit de seis gigavatios para 2027. La IA no solo consume datos: devora kilovatios. Y la factura la paga el ciudadano que jamás usó ChatGPT.
Tercer pilar: el código genético. La batalla por las patentes de CRISPR-Cas9 —la tecnología de edición genética más poderosa jamás creada— lleva trece años y aún no tiene resolución. En mayo de 2025, un tribunal de apelaciones estadounidense reabrrió la disputa sobre quién posee los derechos: si las Nobel Doudna y Charpentier (Universidad de California) o Feng Zhang (Broad Institute de MIT y Harvard). Lo que está en juego no es un crédito académico: es el control de una tecnología que ya se usa para tratar la anemia falciforme, que promete revolucionar la agricultura y que, como advierte Nature Biotechnology, plantea preguntas fundamentales sobre el acceso equitativo. Los desarrolladores de fármacos basados en CRISPR necesitan licencias de múltiples titulares —Broad, UC Berkeley, ToolGen— para operar sin riesgo legal. Un análisis de Taylor & Francis describe este ecosistema como una pirámide de extracción de rentas donde la investigación financiada con fondos públicos se convierte en activos financieros privados. Es el cercamiento de los bienes comunes genéticos, exactamente como el cercamiento de las tierras comunales en la Inglaterra del siglo XVIII.
Desde una perspectiva liberal, la concentración de estos tres recursos en pocas manos es tan peligrosa como la concentración de poder estatal que Hayek denunció en Camino de servidumbre. Un artículo publicado en PubMed Central lo formula con claridad: las grandes tecnológicas han construido imperios digitales relativamente independientes de la autoridad política, controlando datos y monopolizando tecnología. Cuando los fundadores de estas empresas se sientan en la primera fila de una inauguración presidencial —como documentó TechPolicy.Press en enero de 2025 con Zuckerberg, Bezos, Pichai y Musk—, la frontera entre poder corporativo y poder político se disuelve. No es capitalismo de libre mercado: es capitalismo de plataforma, donde el propietario de la infraestructura dicta las reglas del juego para todos los demás participantes.
La Compañía Británica de las Indias Orientales tenía ejército propio, acuñaba moneda, administraba justicia y gobernaba 200 millones de personas. Fue, durante dos siglos, más poderosa que la mayoría de los Estados soberanos de su época. Lo que la hacía invulnerable no era la fuerza bruta, sino el control simultáneo de tres activos estratégicos: rutas comerciales, materias primas y marcos legales a medida. Sustitúyanse rutas comerciales por infraestructura de datos, materias primas por energía y código genético, y marcos legales por patentes y lobbies regulatorios, y se tiene un retrato bastante preciso de la nueva realidad imperial. La diferencia —y esto es lo que debería quitarle el sueño a cualquier defensor de la libertad individual— es que la Compañía de las Indias Orientales era al menos visible. Los nuevos imperios operan dentro de tu teléfono, tu factura eléctrica y tu ADN. Y la mayoría de sus súbditos ni siquiera sabe que lo son.
