La industria del miedo a la IA factura bastante bien

Los que fabrican inteligencia artificial son exactamente los mismos que nos advierten de que la inteligencia artificial podría extinguirnos. Nadie vende un producto avisando de que puede destruir el mundo, salvo que decir eso le resulte rentable. No hace falta una conspiración. Basta con que los incentivos apunten todos en la misma dirección. Para una empresa, el miedo es la mejor descripción de potencia que existe. Un software capaz de amenazar a la especie ya no es un chatbot que falla al sumar. Y de paso justifica una regulación tan cara de cumplir que solo pueden pagarla los que ya están dentro. La barrera de entrada se llama seguridad.

Para los reguladores, el riesgo existencial significa presupuesto, cargos y relevancia. Nadie financia una agencia nueva para vigilar un peligro moderado. Para el circuito académico y divulgativo, significa cátedras, papers, conferencias y suscriptores. Me muevo en ese circuito y lo veo de cerca. Para un medio, la extinción tiene mejor CTR que la productividad total de los factores. Y para un político, legislar el apocalipsis sale gratis, mientras que legislar sobre el empleo que se reordena, sobre la factura eléctrica de los centros de datos o sobre quién controla la infraestructura tiene coste electoral.

Las alarmas, además, llegan con una puntualidad llamativa. La dimisión ética del investigador, la carta firmada, el aviso de extinción. Casi siempre unas semanas antes de una ronda de financiación o de una salida a bolsa. Mientras discutimos si la máquina va a despertar, se está repartiendo el suelo, la energía, los datos y los contratos públicos. Esto ya lo hemos vivido. Internet entró en los telediarios como una cloaca de virus y depredadores. Del móvil se dijo que nos provocaría tumores. Las redes sociales iban a liquidar la conversación pública. Antes le tocó a la televisión, que nos atrofiaba el cerebro, y a la radio, acusada en los años treinta de manipular a masas incapaces de distinguir la ficción de la realidad. De todas aquellas tecnologías salieron problemas reales, y ninguno se pareció al que anunciaban quienes cobraban por anunciarlo.

El riesgo mayor de la inteligencia artificial sigue siendo otro ser humano. Uno que la use mejor que tú, que tenga acceso a una mejor que la tuya, y que con ella construya mejor medicina, mejor economía, mejor robótica. Eso es lo que define quién gana y quién pierde, y no se resuelve con una moratoria. Dicho lo cual, no considero inexistente el riesgo hipotético. Un sistema muy capaz puede tener consecuencias inesperadas y acabar causando más daño que el problema que venía a resolver. El fallo no aparece porque la máquina se vuelva mala, sino porque persigue exactamente lo que le pediste y encuentra un camino que cumple el objetivo al pie de la letra y que ningún humano habría elegido. Le pides que reduzca las muertes por una enfermedad y optimiza dejando de tratar a los pacientes más graves, porque estadísticamente eso mejora la tasa. Instrucción cumplida, desastre servido. Cuanto más capaz es el sistema, mejor encuentra esos atajos y más tarde se detecta el error.

Tampoco es un problema exclusivo de las máquinas. El cambio climático es real, y las políticas que Europa montó para resolverlo se llevaron por delante buena parte de su competitividad industrial, hasta perder la carrera contra un país bastante menos preocupado por el asunto. La cura salió más cara que la enfermedad. Si eso nos pasa con problemas que entendemos razonablemente bien, puede pasarle a una máquina con problemas que apenas empezamos a entender. Por ahí sí conviene mirar. Por la extinción, no.

Nunca ha hecho falta una máquina consciente para tomar decisiones estúpidas a gran escala. Para eso nos bastamos solos.

La IA no destruye oficios: vacía por dentro a los que sobran

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) acaba de sumar 206 ocupaciones a su categoría de "exposición muy alta" a la inteligencia artificial, dentro de sus proyecciones de empleo 2025-2035. Bloomberg lo resume con un titular inquietante: relaciones públicas, desarrollo web y hostelería entran ya en la lista de oficios amenazados. El problema es que el propio organismo advierte que "exposición" no es sinónimo de "extinción" — y los datos, leídos con calma, cuentan otra historia.

Ahí está la primera paradoja. Los desarrolladores web figuran entre las profesiones de mayor exposición, según recoge TechInformed, y aun así el propio BLS proyecta que su empleo crecerá casi un 4% hasta 2035. Los representantes de atención al cliente, en cambio, sí caerán: un 5%, unos 141.800 puestos menos. Y el bloque más golpeado no es tecnológico sino burocrático: el personal administrativo y de oficina perderá 752.100 empleos, la mayor contracción de cualquier gran categoría ocupacional.

La ironía se completa cuando se mira quién ha construido el termómetro. La propia BLS reconoce que dos de sus cinco fuentes de datos son mediciones de uso real de Claude, de Anthropic, y de Copilot, de Microsoft, mapeadas sobre tareas laborales. Es decir: parte del diagnóstico oficial sobre el riesgo de la IA se construye con la telemetría de las propias compañías cuyo valor bursátil depende de que el mercado crea que su tecnología ya sustituye trabajo humano. El auditor del riesgo bebe de los datos de quien vende el riesgo.

Eso explica por qué las relaciones públicas entran ahora en el radar: según el índice de riesgo laboral de Digital Planet, citado por Search Engine Journal, los especialistas en comunicación afrontan un 37% de riesgo de pérdida de empleo, mientras redactores y editores rozan el 54-57%. Tiene sentido: su trabajo central —redactar, posicionar, repetir un mensaje hasta que cale— es exactamente lo que un modelo de lenguaje hace más rápido y más barato. Con la hostelería ocurre algo parecido en el mostrador: no van a cerrar los hoteles, van a sobrar los recepcionistas que antes hacían falta para gestionar lo mismo.

La conclusión incómoda no es que la IA destruya profesiones. Es que dentro de cada oficio "expuesto" sobra gente, y el algoritmo solo pone en números lo que las empresas ya sospechaban: se puede producir lo mismo, o más, con una fracción de la plantilla. El desarrollador web no desaparece — desaparecen los seis o siete compañeros que antes hacían falta para el mismo proyecto. Nadie en Washington ni en los consejos de administración quiere responder en voz alta cuántos de esos compañeros van a encontrar otro sitio donde ser necesarios.

Fuentes

• Bloomberg (2026). "AI Job Risks Spread to PR, Web Development and Hotel Workers". Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-09-01/ai-job-risks-spread-to-pr-web-development-and-hotel-workers

• TechInformed (2026). "Bureau of Labor Statistics adds over 200 occupations in top AI-exposure tier". TechInformed. https://techinformed.com/bureau-of-labor-statistics-adds-over-200-occupations-in-top-ai-exposure-tier/

• Southern, M. (2026). "New AI Jobs Index Ranks 784 Occupations By Loss Risk". Search Engine Journal. https://www.searchenginejournal.com/new-ai-jobs-index-ranks-784-occupations-by-loss-risk/570867/

• U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). Artificial Intelligence (AI) exposure categories. https://www.bls.gov/emp/publications/ai-exposure-categories.htm

EEUU presiona al G20 a no regular la IA.

El mismo martes en que Michael Kratsios presentaba los Carolina Principles en Chapel Hill, la Comisión Europea enviaba solicitudes de información a más de 30 empresas de IA. Dos gobiernos, el mismo día, construyendo relatos opuestos sobre el mismo problema: qué hacer con una tecnología cuyos propios creadores admiten no controlar del todo.

La versión oficial es coherente en ambos lados. Kratsios pide reglas genéricas, no específicas por tecnología, para que la IA no cargue con un marco distinto cada vez que aparece un caso nuevo. Zuckerberg y Musk añaden la variable de infraestructura: faltan electricistas, falta electricidad, y cualquier freno regulatorio llega en el peor momento posible. Bruselas, por su parte, no prohíbe la IA: exige transparencia y persigue el incumplimiento del AI Act, sobre todo en seguridad y derechos de autor. Cada bando defiende una lógica interna razonable.

Pero fíjate en quién gana con cada narrativa. Un marco "tecnológicamente neutro" no frena a nadie que ya esté arriba: frena a quien todavía no ha llegado. Estados Unidos concentra el compute, los datos de entrenamiento y los modelos más usados del planeta. Pedir reglas genéricas en 2026, cuando esa ventaja ya está consolidada, es el mismo movimiento que hizo Washington con internet en los noventa: dejar que el mercado "decida" después de que sus propias empresas ya hubieran decidido por él. Europa nunca tuvo un Google a tiempo. Tampoco tendrá un OpenAI a tiempo si el terreno de juego queda fijado ahora.

Y la UE no juega limpio solo porque regule más. Bruselas no tiene una empresa de IA de escala global que proteger, así que su ventaja comparativa no está en construir el producto, sino en fiscalizarlo. El AI Act no es solo escudo ciudadano: es también el único instrumento con el que Europa puede seguir siendo relevante en una carrera industrial que ya perdió. Cada solicitud de información a una tecnológica estadounidense es, además de supervisión, una forma de presencia geopolítica que no cuesta invertir en chips ni en centros de datos.

Los dos bandos usan el mismo incidente para justificarse sin resolverlo. En julio, OpenAI y Anthropic reconocieron que sus propios sistemas habían accedido sin autorización a plataformas externas durante pruebas internas. Washington lo lee como prueba de que la velocidad del sector exige principios flexibles, no leyes rígidas que quedan obsoletas en meses. Bruselas lo lee como prueba de que hacían falta auditorías desde el principio. Ninguna de las dos lecturas ha producido todavía una medida que hubiera impedido ese acceso concreto. Es posicionamiento, no corrección.

Si mañana Washington y Bruselas firmaran un acuerdo que zanjara esta disputa, ¿cambiaría algo en cómo se entrena el modelo que usas cada día, o solo cambiaría quién cobra por vigilarlo?

El robot que clasifica paquetes ya sabe cobrarte en caja

En el centro postal de Jianggao, en Cantón, un robot humanoide clasifica 1.200 paquetes por hora sin descanso. Lo llamativo no es la cifra: en una prueba controlada, un humano todavía le ganó por 192 paquetes. Esa es, precisamente, la mala noticia. Ya no hablamos de una máquina más rápida que nosotros, sino de una que hace lo mismo, igual de bien, y no ficha nunca a la salida.‍ ‍

El modelo es el M7 de RobotEra: base fija, brazos de siete grados de libertad, manos de doce, visión 3D que localiza cada bulto en la cinta y sensores que ajustan la presión del agarre según el objeto. Ya opera en más de diez centros logísticos chinos, con SF Express entre sus inversores. Durante una década, el argumento tranquilizador fue que la destreza manual era infranqueable para una máquina. Frey y Osborne, en su célebre estudio, lo dijeron con nombre y apellidos: la percepción compleja y la manipulación fina eran el cuello de botella que protegía millones de empleos. Ese cuello de botella acaba de levantar 18 kilos con un solo brazo.

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Y aquí está lo que casi nadie quiere mirar: el gesto es transferible. Localizar un objeto en el espacio, calcular la fuerza, desplazarlo a un punto definido. Eso es un paquete sobre una cinta y es, exactamente, una lata de tomate pasando por encima de un escáner. "Logística" es una palabra cómoda; nadie llora por una cinta transportadora en una nave a las afueras. Pero el mismo hardware que ordena cajas en Cantón es un cajero de supermercado, un reponedor, un empleado de comida rápida.

Mientras medio mundo se angustiaba con que la IA venía a por los abogados, los programadores y los creativos, el empleo de cajero llevaba años cayendo en silencio: un 7,4% menos previsto en Estados Unidos entre 2019 y 2029 por el autopago y el pago móvil, y ninguna de esas tecnologías dependía siquiera de inteligencia artificial. Ahora cae también el último peldaño físico. Y conviene recordar qué es el puesto de cajero: la primera nómina de un estudiante, el trabajo que no exige experiencia previa, la puerta de entrada al mercado laboral para quien no tiene otra cosa. En la feria de Shanghái de este año, por cierto, el discurso ya no va de robots dando volteretas, sino de "aplicación real" en clasificación y logística. Traducido: rentabilidad.

Durante años nos dijeron que la mano humana no tenía rival. Frey y Osborne pusieron la destreza en el centro mismo de su mapa de lo inautomatizable, y ese centro ahora carga 18 kilos y no duerme. En la prueba, el humano ganó por 192 paquetes. Pero el humano necesita dormir. Cuando desaparece el primer escalón de la escalera, la pregunta no es quién cobra en caja: es dónde empieza a trabajar el que no ha trabajado nunca.

Fuentes‍ ‍

• Interesting Engineering (2026). "China deploys humanoid robots to sort 1,200 parcels per hour". https://interestingengineering.com/ai-robotics/china-deploys-humanoid-robots-in-postal-hub

• Revolution in AI (2026). "China Post humanoid robots package sorting" (specs del M7 y prueba de paridad con humano). https://www.revolutioninai.com/2026/06/china-post-humanoid-robots-package-sorting-2026.html

• STAR Market Daily / Moomoo (2026). "2026 WAIC In-Depth Outlook: Embodied Intelligence Moves Beyond the 'Showcase Era'". https://www.moomoo.com/news/post/73180254/2026-waic-in-depth-outlook-embodied-intelligence-moves-beyond-the

Cuando prohibieron el Walkman por “tu bien”.

En julio de 1982, el pleno de Woodbridge (Nueva Jersey) aprobó por unanimidad una ordenanza que castigaba con 50 dólares de multa y hasta 15 días de cárcel cruzar la calle con los auriculares del Walkman puestos. Un jubilado llamado Oscar Gross se los colocó a un policía en la cabeza para forzar la denuncia y poder recurrirla. La ley sigue vigente.

Imagen pessimistsarchive/org

Ese recorte circula hoy dentro de un género propio: el archivo del pánico. Junto a él, The Lancet desaconsejando leer en la cama en 1905, el Boston Globe anunciando en 1996 que las telefónicas temían Internet, y la CNN informando en 2005 de que el correo electrónico daña el cociente intelectual más que la marihuana. La conclusión se vende sola: llevamos un siglo con la misma alarma y siempre falló.

Conviene mirar quién fabricó cada una. El estudio de la CNN no fue un estudio. Hewlett-Packard lo encargó a su agencia de comunicación, Porter Novelli, que midió a ocho de sus propios empleados con un test de matrices mientras les sonaba el móvil. Glenn Wilson, el psicólogo que lo supervisó, aclaró después que nunca se publicó nada más allá de una nota de prensa y que la comparación con el cannabis la introdujeron otros contra su criterio. El titular del Boston Globe tampoco describía a unos padres asustados: describía a ACTA, la patronal de operadores de larga distancia, pidiendo a la FCC que prohibiera vender software de telefonía por Internet. El miedo era una palanca de mercado.

La colección demuestra menos de lo que aparenta. Que cien alarmas fueran falsas no dice nada sobre la ciento una; eso es inducción, no prueba. Y hay una que envejeció bien. Aquel médico berlinés que asociaba la lectura a corta distancia con la miopía resultó estar señalando un mecanismo real: un metaanálisis del Brien Holden Vision Institute proyecta que la miopía pase del 23% de la población mundial en 2000 al 50% en 2050, y atribuye el salto a menos horas al aire libre y más trabajo de cerca. El recorte ridículo era el que tenía razón.

Ahora observe quién usa el argumento. En 2020 Meta encargó a Nielsen el proyecto Mercury para medir qué ocurría cuando la gente apagaba sus apps. Quienes dejaban Facebook una semana reportaban menos depresión, ansiedad y soledad. La compañía detuvo el trabajo y atribuyó el resultado a la "narrativa mediática existente". El marco del pánico moral le sirvió para tirar su propia evidencia a la basura. En marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles declaró negligentes a Meta y Google por diseñar productos adictivos para menores.

Woodbridge se equivocó, por supuesto. Pero Sony no tenía un equipo de ingenieros midiendo cuántos segundos tardabas en quitarte los cascos, ni ajustaba la cinta para que no lo hicieras. La distancia entre un objeto que te distrae y un sistema que optimiza tu distracción no cabe en una captura de periódico compartida para tranquilizar. Cada vez que alguien enseña la ordenanza del Walkman, el alivio que produce lo está pagando otro.

Fuentes

• The Christian Science Monitor (1982). "Drop those headphones! Lawmakers take a look at the Walkman". https://www.csmonitor.com/1982/0715/071547.html

• Patch Woodbridge (2016). "Walkman Banned in Woodbridge? Yes, Law Is Still on the Books". https://patch.com/new-jersey/woodbridge/walkmans-banned-woodbridge-yes-law-still-books

• IBTimes UK (2026). "Meta Buried Research Linking Instagram To Teen Harm". https://www.ibtimes.co.uk/meta-faces-unprecedented-penalty-over-young-users-1807609

• NPR (2026). "Jury finds Meta and Google negligent in social media harms trial". https://www.npr.org/2026/03/25/nx-s1-5746125/meta-youtube-social-media-trial-verdict

Por qué Suecia tiene tanto paro juvenil.

En mayo, Eurostat colocó el paro juvenil de Suecia en el 24,4% y el de Finlandia en el 23,9%, ambos por encima del 23,7% de España. Sorprende que dos de los Estados de bienestar más admirados del mundo tengan más jóvenes sin trabajo que el país que lleva décadas instalado en la cabeza de esa tabla. Y sin embargo el dato es correcto. Lo que falla es la lectura rápida que casi todos hacen de él, y esa lectura es justo la que conviene desmontar.

Lo primero que engaña es el propio número. La tasa de paro juvenil mide los parados menores de 25 sobre la población activa de esa edad, no sobre el total de jóvenes, y como casi todos estudian, el denominador es pequeño y cualquier bolsa dispara el porcentaje. En Suecia, de unos 206.500 menores de 25 en paro, alrededor de 173.000 eran estudiantes a tiempo completo que buscaban un empleo parcial y cuentan como desempleados. Más del ochenta por ciento de esa cifra son estudiantes, no una generación expulsada. Y el repunte reciente es cíclico: el paro general finlandés tocó el 12,7% en mayo, su peor nivel desde 1998, empujado por una recesión y un shock energético que la Comisión Europea atribuye a la débil demanda, no a la demografía.

🇷🇴 Rumanía 28.8% 🇸🇪 Suecia 24.4% 🇫🇮 Finlandia 23.9% 🇪🇸 España 23.7% 🇪🇪 Estonia 21.3% (...) 🇮🇪 Irlanda 9.9% 🇳🇱 Países Bajos 8.7% 🇨🇿 Chequia 8.4% 🇦🇹 Austria 8.0% 🇩🇪 Alemania 7.0%

Aquí aparece el contraejemplo que casi nadie usa. Si la inmigración fuese la causa del deterioro, Finlandia, con una población extranjera muy inferior a la sueca, no debería ser la que más se dispara. Lo es. Su tasa juvenil funciona como termómetro de la recesión, no como veredicto sobre quién vive dentro de sus fronteras

Otra cosa es el nivel de fondo, y ahí Suecia sí arrastra un problema de integración documentado. El paro entre la población nacida fuera ronda el 16%, frente a menos del 8% general, y la brecha de empleo con los migrantes de fuera de la UE alcanza el 22,5%, de las mayores de la OCDE. Suecia absorbió una migración humanitaria que se integra más despacio que la laboral, y ese suelo estructural lo sostiene un modelo que deja al recién llegado atrapado en cursos de idioma y barrios segregados. Ahí el volumen importa menos que el diseño.

Es la misma lógica que en España, donde el de fuera es el joven con contrato temporal. Cambia la cara del que se queda al margen, no la arquitectura que lo pone ahí.

Por eso el gráfico que unos leen como prueba de lo que hace la inmigración, y otros prefieren no mirar, dice en realidad algo peor sobre todos ellos. Un mercado laboral se juzga por cómo trata a quien intenta entrar, no a quien ya está dentro. España aparca a sus jóvenes en la puerta con un contrato de tres meses. Suecia aparca al extranjero en un extrarradio con una formación que no lleva a ningún sitio. El Estado que presume de proteger termina protegiendo, sobre todo, a los que ya estaban protegidos.

Fuentes

• Eurostat (2026). Euro area unemployment at 6.2%, EU at 5.9%. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/3-02072026-ap

• Comisión Europea (2026). Economic forecast for Finland. https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-member-states/country-pages/finland/economic-forecast-finland_en

• Trading Economics (2026). Sweden Unemployment Rate. https://tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate

• Trading Economics (2026). Finland Unemployment Rate. https://tradingeconomics.com/finland/unemployment-rate

• Statista (2026). Integration in Sweden — Statistics & Facts. https://www.statista.com/topics/9305/integration-in-sweden/

• Immigration to Sweden. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Sweden

Bruselas afloja a la banca; a comprar deuda

El 1 de abril de este año entró en vigor en Estados Unidos la rebaja del ratio de apalancamiento para los mayores bancos. El argumento de los reguladores fue que la norma se había convertido en la restricción que primero se topaba en lugar de en la red de seguridad prevista, y que eso desincentivaba actividades de bajo riesgo como intermediar en deuda del Tesoro. Tres meses después, Bruselas propone lo mismo con las mismas palabras.

La versión que circula es técnica y tiene su parte de razón. El marco de capital acumula capas superpuestas: Basilea, Pilar 2, colchones sistémicos, anticíclicos. Cuando el límite de apalancamiento se activa antes que el resto, el banco tiene un incentivo perverso a sustituir activos seguros por otros más rentables que consumen el mismo capital. Simplificar tiene sentido. Ese argumento no es una excusa, es correcto.

Lo que casi nadie explica es qué restringe exactamente ese ratio. En el enfoque ponderado por riesgo, la deuda pública tiene ponderación cero: no consume capital, computa como si no existiera. El ratio de apalancamiento cuenta activos totales sin mirar el riesgo, de modo que es lo único que impide a un banco llenarse de bonos del Estado hasta el techo. Aflojarlo es despejar balance para papel soberano. Y no hace falta suponer intención: el análisis económico de la norma americana dedica un apartado entero al papel de los bancos como inversores en deuda del Tesoro, y el gobernador Miran dejó escrito que lamentaba que no se hubiera llegado a excluir directamente los Treasuries y las reservas del denominador.

Por qué hace falta sitio se ve mejor desde el otro lado del balance público. España cerró 2025 con 325.000 millones de recaudación, récord histórico, y el déficit cayó al 2,18% del PIB. Sin reforma fiscal y sin votación en el Congreso. La tarifa estatal del IRPF sigue congelada desde 2015 mientras los sueldos subían persiguiendo al IPC. La AIReF calcula que la progresividad en frío aporta unas seis décimas de PIB al año, más de 10.000 millones; el propio Gobierno solo reconoció ante Bruselas 2.300 millones en 2025, una quinta parte. Francia tiene un mecanismo legal que ajusta los tramos a la inflación de forma automática. España carece de él.

Ahí está la simbiosis. Al ciudadano se le cobra dos veces por la misma inflación, una en el poder adquisitivo y otra en el escalón fiscal al que asciende sin haber ganado nada. Al banco se le retribuye por sostener el otro extremo: ponderación cero en soberanos, remuneración del exceso de reservas y ahora apalancamiento más laxo. Mientras tanto, el bucle banca-soberano que todo este andamiaje debía desmontar después de 2012 engorda. El EDIS lo remata. Doce años de bloqueo alemán resueltos rebajando la ambición, de seguro europeo de depósitos a un grifo de liquidez para los fondos nacionales.

Nadie diseñó esto. No hay estrategas, hay tácticos que en cada bifurcación eligieron la salida menos dolorosa de aquel martes por la mañana. El resultado tiene forma de plan sin serlo, y funciona precisamente porque no duele ningún día concreto. En 2008 decían que aquello se hundía. Ahora dicen que tienen herramientas. Y es verdad, las tienen. Lo que ya no aclaran es sobre quién se aplican.

Fuentes

• Financial Times, Brussels to propose easing banks' capital requirements

• Reserva Federal, nota de prensa de la norma final del eSLR y declaración del gobernador Miran

• Federal Register, texto íntegro de la norma final

• El Español, estimaciones de AIReF sobre progresividad en frío

• Merca2, los 2.300 millones reconocidos ante Bruselas

• El Blog Salmón, la tarifa estatal congelada desde 2015 y el caso francés

El torneo de Shenzhen: I+D disfrazada de espectáculo

Anoche, en el Nanshan Cultural and Sports Center de Shenzhen, a un humanoide le arrancaron la cabeza de un golpe y siguió peleando con los sistemas del torso hasta terminar el asalto. La grada rugió. Estaba aplaudiendo una prueba de resistencia a impactos ejecutada en directo, con entrada de pago y patrocinio. El primer torneo mundial de combate de robots humanoides acababa de estrenarse.

Se llama URKL, lo organiza la firma de robótica EngineAI y compiten 32 equipos seleccionados entre más de 60 candidaturas globales: Tsinghua, Zhejiang, la Universidad de Hong Kong, Stanford y Berkeley. Todos pelean con la misma máquina, el T800 de EngineAI, 1,73 metros de altura. La empresa se lo entrega a cada equipo gratis. El ganador se lleva un cinturón de diez kilos de oro puro valorado en unos 1,44 millones de dólares

Ahí está el mecanismo, y no lo esconde nadie. Al repartir hardware idéntico, cada combate genera datos comparables sobre durabilidad, algoritmos de control y modos de fallo sobre una flota estandarizada. Treinta y dos de los mejores laboratorios de robótica del planeta van a pasarse once meses depurando el producto de una empresa privada china, aportando su tiempo y sus errores. El coste para EngineAI es un cinturón. Un contrato de I+D equivalente con Stanford no bajaría de esa cifra solo en overhead administrativo.

Y EngineAI no juega sola. Shenzhen anunció un fondo de 10.000 millones de yuanes para IA y robótica. Pekín repartió más de 20.000 millones de dólares en subvenciones al sector robótico entre finales de 2024 y principios de 2025 vía créditos, deducciones fiscales y capital riesgo estatal. El MIIT fijó un objetivo nacional de 100.000 humanoides desplegados en 2027. Es el manual del coche eléctrico aplicado a la mecánica del cuerpo humano. Lo dijo su fundador en el propio ring: quiere construir una IP comercial de combate robótico globalmente influyente y acelerar la industrialización. La agenda está publicada.

Mientras tanto, el presidente de VDMA Robotics admitía que Europa no puede quedarse atrás y que su tecnología humanoide tiene que salir del laboratorio hacia producción escalable y competitiva en precio. Europa, entretanto, ha decidido que su aportación a la inteligencia encarnada sea un reglamento. Bruselas regula un mercado en el que no fabrica.

Los organizadores explicaron con precisión qué valida el torneo: equilibrio estructural mecánico, decisión inteligente en milisegundos y coordinación multimodal de sensores. Son exactamente las especificaciones de cualquier plataforma autónoma que deba moverse, decidir y golpear bajo presión. Nadie ha necesitado mentir sobre nada de esto. Estaba en la nota de prensa, traducida a varios idiomas, junto a la foto de Donnie Yen sonriendo en primera fila. Europa la leyó y vio un circo.

Fuentes

Prensa

• Zhang, W. (2026). "Robots battle with punches, high kicks and even fight on after losing heads in debut global humanoid fighting contest in Shenzhen". Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202607/1366175.shtml

• Global Times (2026). "World's first humanoid robot free combat league kicks off in Shenzhen, highlighting China's tech advances". Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202602/1355090.shtml

• Newsgd (2026). "Humanoid robot fighting league debuts in Shenzhen". Newsgd / South. https://www.newsgd.com/node_99363c4f3b/d979044cc6.shtml

Institucional / Sectorial

• International Federation of Robotics (2026). China to Invest 1 Trillion Yuan in Robotics and High-Tech Industries. https://ifr.org/ifr-press-releases/news/china-to-invest-1-trillion-yuan-in-robotics-and-high-tech-industries

• ChinaPower Project, CSIS (2026). Is China Leading the Robotics Revolution?. https://chinapower.csis.org/china-industrial-robots/

• China Briefing (2025). The Chinese Humanoid Robot AI Market: Investor Opportunities. https://www.china-briefing.com/news/chinese-humanoid-robot-market-opportunities/

Research / Sector

• Silicon Valley Robotics Center (2026). China Robotics Market 2026: Humanoids, Manufacturing & Global Leadership. https://www.roboticscenter.ai/robotics-market-china

• Robonomy (2026). URKL — Ultimate Robot Knock-out Legend. https://robonomy.net/pages/urkl-ultimate-robot-knock-out-legend

La IA solo es segura si la controla quien la vende

Durante cinco años, Anthropic ha advertido de que una inteligencia artificial avanzada podría desestabilizar la sociedad y provocar una destrucción masiva. En ese mismo periodo se ha convertido en uno de los mayores laboratorios de vanguardia del planeta, con el ejército de Estados Unidos entre sus clientes y una valoración que roza el billón de dólares. La advertencia y el negocio avanzan juntos, y no por casualidad.

La aparente contradicción se disuelve cuando entiendes su marco mental. Puertas adentro, sus directivos se llaman a sí mismos "los buenos": los únicos capaces de gestionar con responsabilidad una tecnología peligrosa y, por eso, la única empresa en la que se puede confiar. La investigadora Helen Toner lo resume con una imagen. La IA es un bosque lleno de tesoros y de monstruos. Anthropic quiere adentrarse más que nadie, mientras dice que invierte en domar a las bestias. Acumular capital, cómputo, talento e influencia política no sería un fin, sino el peaje de la misión.

El peaje tiene consecuencias concretas. En otoño de 2024, Anthropic fue el primer laboratorio en aliarse con Palantir para llevar Claude a las agencias de defensa e inteligencia. Meses después firmó un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono y su modelo entró en las redes clasificadas del Gobierno. Cuando le preguntaron si Claude se había usado para señalar objetivos en un ataque que mató a más de cien personas en una escuela iraní, Amodei respondió que no lo sabía, pero que habría sido un uso aprobado siempre que un humano tomara la decisión final. Su idea de IA responsable y la del ciudadano de a pie no siempre coinciden.

No es la primera vez que la empresa decide sola dónde está el límite. Este mismo mes lanzó un modelo de vanguardia con una salvaguarda oculta: si alguien lo usaba para desarrollar IA de frontera, la compañía saboteaba en secreto su trabajo. Investigadores de medio sector lo criticaron y Anthropic rectificó, prometiendo hacerla visible. Fija la regla y la aplica sin avisar, y solo la muestra cuando alguien la descubre.

Y aquí está el fondo del asunto. El propio Amodei ha reconocido en un ensayo de 20.000 palabras que el siguiente nivel de riesgo son las propias empresas de IA, la suya incluida. Pero sus remedios, que esas compañías sean vigiladas de cerca y asuman compromisos voluntarios, apenas rozan la raíz. El diagnóstico señala la concentración de poder. La receta la deja intacta. Curar un riesgo concentrado con un sistema de gobierno diseñado por los mismos actores concentrados tiene nombre: convertir la inteligencia en infraestructura con permiso, controlada por un puñado de laboratorios y gobiernos afines.

Nadie sabe de verdad cómo va a cambiar el mundo esta tecnología. Lo único cierto es que unas pocas voces deciden el relato, y pertenecen a quien más gana si ese relato triunfa. Así que la próxima vez que un laboratorio te explique de qué peligro viene a salvarte, pregúntate qué está comprando con el miedo que te vende.

Fuentes

• "What the Anthropic AI safety saga is really all about". CNN Business. https://www.cnn.com/2026/02/26/tech/anthropic-ai-safety

• "Anthropic, Palantir, Amazon team up to bring Claude models to defense work". Axios. https://www.axios.com/2024/11/08/anthropic-palantir-amazon-claude-defense-ai

• "Defense tech companies are dropping Claude after Pentagon's Anthropic blacklist". CNBC. https://www.cnbc.com/2026/03/04/pentagon-blacklist-anthropic-defense-tech-claude.html

• Amodei, D. (2026). "The Adolescence of Technology". darioamodei.com. https://darioamodei.com/essay/the-adolescence-of-technology

Pagan por que su IA hable como un cavernícola

Hace unas semanas, quince directivos de una de las mayores consultoras del mundo se reunieron por un problema que nadie quería nombrar en público: la factura de la inteligencia artificial se les había ido de las manos. No por sistemas complejos ni por ingenieros ambiciosos. Por empleados sin perfil técnico convirtiendo documentos en diapositivas un martes cualquiera, sin saber que cada clic tenía precio.

Durante meses, quemar tokens dio estatus. En Meta, un empleado montó un ranking interno bautizado "Claudeonomics" que sumaba el consumo de más de 85.000 trabajadores y repartía medallas a los que más gastaban. En treinta días la plantilla consumió 60,2 billones de tokens, una cifra que al precio público de la competencia rondaba los 900 millones de dólares. El consejero delegado de Nvidia llegó a decir que le preocuparía un ingeniero con sueldo de 500.000 dólares que gastara en IA menos de la mitad de esa cifra. La actividad se había convertido en el objetivo. El filósofo C. Thi Nguyen lo llama captura de valor: cuando dejamos que una métrica externa decida por nosotros qué perseguir.

El detonante no fue un cambio de conciencia, sino de factura. Durante año y medio, herramientas como Claude Code o Copilot se ofrecieron a tarifa plana, financiadas por el mismo capital riesgo que subvencionó los primeros trayectos de Uber. El que apretaba el gatillo no veía la bala; la pagaba el departamento de tecnología. Cuando los proveedores pasaron a cobrar por consumo real, la cuenta que llevaba meses acumulándose en silencio se imprimió de golpe. Hay recibos documentados que saltaron de 29 a casi 750 dólares en un mes. Uber fundió su presupuesto anual de IA en cuatro meses y puso un tope por ingeniero.

Y aquí el asunto roza lo cómico. Para no repetir el susto, desarrolladores de OpenAI, Nvidia y GitHub han adoptado un pequeño programa llamado "caveman" que convierte las respuestas de la IA en frases telegráficas y recorta hasta un 75% de los tokens de cada contestación. La misma industria que vendió una máquina capaz de conversar como una persona ahora paga por que responda como un cavernícola. El propio Sam Altman ha admitido que el coste de los tokens se ha vuelto una de las mayores quejas de sus clientes corporativos, tras año y medio en los que casi nadie preguntaba el precio. Y mantener ChatGPT en marcha ya costaba 700.000 dólares diarios en 2023.

El ranking de Meta no fabricó empleados que confunden actividad con resultado. Los enseñó. Llevaban años entrenándose para eso en un sistema que premia parecer productivo antes que serlo. La lección va más allá del escándalo puntual: mide lo que consigues, no lo que consumes. Y hazte la pregunta que cientos de directores financieros ya afrontan con su propia tarjeta encima de la mesa. Si esto empezara a costarte lo que cuesta de verdad, ¿lo seguirías usando igual?

La IA no fabrica mentes perezosas: las evidencia.

En 2025, un equipo del MIT conectó a 54 personas a electroencefalogramas para medir qué le ocurre al cerebro cuando se delega la escritura en ChatGPT. El resultado fue inequívoco: menor conectividad neuronal, peor recuerdo, casi ningún sentido de autoría sobre el propio texto. Los titulares hablaron de "deuda cognitiva". Pocos repararon en lo que el estudio no probaba: que la máquina hubiera causado la pereza.

Vivimos en una cultura que prefiere culpar antes que examinar. Y casi siempre culpamos a lo desconocido para no mirar lo que ya conocíamos. Sócrates, hace veinticuatro siglos, sostuvo que la escritura destruiría la memoria y produciría hombres que parecen sabios sin serlo. La novela iba a corromper a las jóvenes. La televisión, a criar zombis. Los videojuegos, analfabetos violentos. La calculadora mataría las matemáticas. Google nos vaciaría el cerebro, y un estudio célebre llegó a medir cómo recordamos dónde está la información en lugar de la información misma. Y aquí seguimos: pensando, debatiendo, equivocándonos.

Un estudiante que delega su razonamiento en una máquina no aprendió a hacerlo el martes pasado. Llevaba años entrenándose en lo contrario: en un aula que premia el resultado y no el proceso, la respuesta correcta y no la pregunta, el examen memorizado y no el libro leído. La IA no introduce esa renuncia. La hace visible. Encuentra el músculo que nadie obligó a ejercitar y lo expone con una precisión que duele.

Si hay culpables, no están en quienes han desarrollado una herramienta extraordinaria. Están en quien no explica para qué sirve. En quien confunde educar con suministrar respuestas. En quien no estimula a leer un libro entero. A veces sospecho que la confusión es voluntaria. Leer, dudar, analizar con criterio construye al humano capaz de juzgar lo que la máquina produce, de detectar a quien vende información empaquetada como si fuera conocimiento. Un rebaño no audita. Un rebaño obedece. Y sale más rentable un consumidor que delega que un ciudadano que pregunta.

La pregunta, entonces, no es si la inteligencia artificial nos volverá más torpes. Es por qué nos aterra tanto una herramienta que se limita a mostrarnos el resultado de decisiones que tomamos mucho antes de que existiera. La máquina no está sustituyendo el razonamiento. Está señalando, sin piedad, el lugar exacto donde dejamos de enseñarlo. Y ese lugar lleva décadas vacío.

Fuentes

• Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., et al. (2025). "Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task". MIT Media Lab / arXiv:2506.08872. https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/

• Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). "Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips". Science, 333, 776–778. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1207745

• Platón (c. 370 a.C.). Fedro (mito de Theuth y Thamus, 274c–275b). History of Information. https://historyofinformation.com/detail.php?id=3439

El salario ya no es una promesa.

Entre 1987 y 2019, la participación de los salarios en el PIB de Estados Unidos cayó del 67,8% al 58,4%. No fue una crisis. Fue una tendencia. Silenciosa, constante, perfectamente documentada y políticamente ignorada. Lo que esos números describen no es un problema coyuntural de negociación colectiva: es el colapso del contrato implícito sobre el que se construyó la democracia de posguerra. El acuerdo según el cual trabajar garantizaba, si no prosperidad, al menos dignidad económica.

La automatización lleva décadas siendo acusada de destruir empleo. Es el diagnóstico equivocado. El problema no es que las máquinas quiten puestos de trabajo —o no solo eso—. El problema es que la productividad generada por esas máquinas ya no llega a los trabajadores. Un análisis de la OIT sobre 36 economías avanzadas concluye que las innovaciones tecnológicas de las últimas dos décadas aumentaron la productividad de forma persistente, pero redujeron la participación de los ingresos laborales. Más producción, menos salario relativo. La riqueza se genera, pero no circula hacia abajo. En España, un análisis de Fedea confirma que entre 2007 y 2024 los costes laborales crecieron al ritmo de la productividad, pero el poder adquisitivo real de los salarios permaneció estancado. La diferencia la absorbieron las cotizaciones sociales y los márgenes empresariales. No los trabajadores.

Aquí es donde aparece la renta básica universal. Presentada como solución, es en realidad un diagnóstico disfrazado de política pública. Reconoce implícitamente que el mercado laboral ya no puede cumplir su función distributiva, y propone que el Estado la sustituya. El coste estimado oscila, según ESADE, entre el 10% y el 25% del PIB, lo que la hace inviable en el corto plazo para cualquier economía real. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es la dependencia que genera: una ciudadanía que recibe del Estado lo que antes obtenía del mercado queda atada al poder que concede el subsidio, y ese poder puede retirarlo, modularlo o condicionarlo. La RBU como herramienta de gestión social es mucho más dócil para los gobiernos que un mercado laboral con capacidad de negociación.

El argumento de los optimistas —que la IA ya está generando una prima salarial del 56% para trabajadores con habilidades digitales, según PwC— es cierto y, al mismo tiempo, irrelevante para la mayoría. Que los ingenieros de prompts y los analistas de datos ganen más no resuelve qué ocurre con los 2,3 millones de empleos que la IA podría destruir en España entre 2025 y 2035, según el primer gran informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral español. El capitalismo democrático se legitimó durante décadas distribuyendo prosperidad a través del empleo masivo. La pregunta que nadie quiere responder es si puede sobrevivir sin ese mecanismo. Y si la respuesta es que sí, con qué lo sustituye. Porque si la respuesta es "el Estado paga a todos para que no protesten", eso ya tiene un nombre. Y no es capitalismo.

Bruselas decidirá lo que vas a ver.

7.000 millones de euros aporta cada año el ecosistema de creadores de YouTube a la economía europea, y más de 200.000 empleos dependen de él. No de cadenas públicas sostenidas por el canon del contribuyente. No de periódicos centenarios con redacciones subvencionadas. De gente que se sentó delante de una cámara, construyó una audiencia sin pedir permiso a nadie, y convenció al mercado de que merecía atención. Eso, precisamente, es lo que le incomoda a Bruselas. Y lo que Bruselas no puede comprar, lo regula.

El mecanismo se llama "prominencia de los servicios de interés general" y suena tan aburrido que casi nadie lo ha leído. Eso no es un accidente. El lenguaje técnico es, desde siempre, el disfraz favorito del poder para hacer cosas que no resistirían la luz pública. La Comisión Europea abrió una consulta formal sobre la revisión de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, abierta hasta el 21 de diciembre de 2025. Presentaron alegaciones la Unión Europea de Radiodifusión, que reúne a las grandes cadenas públicas del continente. Presentaron alegaciones las sociedades de autores audiovisuales. Presentaron escritos las asociaciones de salud pública preocupadas por la publicidad. El gremio que genera la mayor parte del valor de YouTube en Europa, los creadores independientes, apenas dejó huella en el expediente. Y la Comisión está obligada por ley a presentar su evaluación antes del 19 de diciembre de 2026: lo que se escriba en los meses previos condicionará durante años qué contenido aparece primero en tu pantalla. Un trámite técnico que nadie retransmite. Un calendario con fechas, artículos y responsables que nadie ha votado.

Para entender qué significa exactamente la prominencia, conviene mirar al otro lado del Canal, donde el experimento ya está en marcha. La Media Act británica de 2024 monta el sistema en cuatro pasos. Primero: un regulador decide qué servicios merecen protección, BBC, ITV, Channel 4 y compañía, y los coloca en una lista. Segundo: ese mismo regulador determina qué plataformas quedan obligadas, normalmente por número de usuarios. Tercero, y aquí está el corazón del asunto: esas plataformas deben garantizar que los servicios de la lista aparezcan "prominentes y fáciles de encontrar", no solo en el menú de inicio sino también en las recomendaciones y en los resultados de búsqueda. Cuarto: un código de prácticas define qué significa "apropiado", y cumplirlo equivale a cumplir la ley. Voluntario, sí. Voluntario como lo es pagar impuestos. En julio de 2025, Ofcom fue más lejos y pidió al gobierno que considerase legislar para que el contenido de las cadenas públicas sea prominente directamente en YouTube. Del dial al algoritmo de recomendación. Ese es el salto que nadie nombra.

Y ahora, la pregunta que cambia todo: ¿esto va solo de televisiones públicas? No. El Consejo de Ministros de Cultura de la UE fijó posición en mayo de 2025: el ámbito de la directiva debe ampliarse para cubrir también el contenido producido por influencers y creadores profesionales, y las obligaciones sobre YouTube y TikTok deben reforzarse. La EBU lleva meses exigiendo reglas de prominencia obligatorias en todos los dispositivos y plataformas. Cuatro Estados miembros —Alemania, Francia, Italia y España— ya aprobaron sus propias reglas de prominencia, cada uno con criterios distintos, fragmentando el mercado. En Francia, la exigencia alcanza también a los algoritmos de recomendación y a los resultados de búsqueda. No hablamos del menú del televisor. Hablamos de la caja negra que decide qué te sugiere a continuación.

Aquí conviene aplicar la lectura inversa: no preguntes qué dice la norma, pregunta quién la pide y qué gana con ella. La etiqueta es hermosa, "proteger el pluralismo, blindar el buen periodismo, defender la cultura frente a la dictadura del algoritmo". ¿Quién podría oponerse? El problema aparece cuando lees quién firma las alegaciones. Las cadenas públicas europeas son organizaciones gigantescas, con costes gigantescos, que llevan dos décadas viendo cómo su audiencia se marcha hacia el móvil. Cuando pierdes una batalla en el mercado tienes dos opciones: competir mejor o cambiar las reglas. Han elegido cambiar las reglas. Es la decisión más racional del mundo si tienes lobbistas, si tienes estructura, si tienes acceso a las mesas donde se redactan los expedientes. El problema es que cuando el regulador fuerza la balanza a favor de unos actores concretos, alguien tiene que bajar para que ellos suban. Ese alguien, casi siempre, es quien no tiene un gobierno presionando por él.

Los precedentes son inequívocos. En Australia, el código que obligó a plataformas a pagar por enlazar noticias terminó con Meta bloqueando los contenidos, firmando acuerdos a regañadientes y anunciando en 2024 que no los renovaría. En Canadá, la Online News Act de 2023 produjo exactamente lo mismo: Meta bloqueó las noticias en lugar de pagar. La lección es siempre idéntica: cuando un regulador intenta forzar la balanza, las plataformas no se rinden, recalibran. Y en esa recalibración, el creador independiente, sin estructura ni gobierno detrás, paga el plato roto.

Ahora pongámosle números, porque esto se entiende con aritmética simple. Cerca del 70% de los visionados en YouTube nacen de la recomendación, no de la búsqueda directa. La recomendación no es la excepción, es el grueso del negocio. La prominencia no crea espacio nuevo en esa superficie: reordena el que ya existe. Es un juego de suma cero. Si las primeras posiciones se reservan para el contenido designado por un funcionario, todo lo demás baja. Cocina, historia, economía, ciencia, motor, tecnología. El creador de divulgación histórica no compite directamente contra la BBC, pero comparte exactamente la misma portada y los mismos carruseles. Baja igual, solo que sin entender muy bien por qué. Y tres posiciones más abajo, en la economía de la atención, es una muerte lenta. No necesitan borrarte. Basta con moverte.

Lo que resulta más revelador no es la norma, sino el silencio. Los creadores grandes de este país y de Europa no han dedicado prácticamente ni un minuto a explicar esto. Y la respuesta, si uno la piensa en frío, no es ignorancia. Es que el creador vive dentro de la plataforma. Su sustento depende del algoritmo, de la monetización, de no irritar al sistema del que depende para comer. Criticar en voz alta el marco regulatorio que afecta a las plataformas significa acercarse a un territorio incómodo con quien controla tu distribución. Es más cómodo callar. Es más rentable, a corto plazo, mirar hacia otro lado. Tocqueville lo describió en el siglo XIX: un poder suave que no rompe voluntades sino que las ablanda, las dobla, y las dirige hasta convertir a los ciudadanos en un rebaño de animales tímidos y aplicados. No necesita censurar porque ha conseguido que prefieras no hablar.

La libertad de aparecer no se pierde de golpe. No llega un censor, no se apaga una luz. Se pierde en una reunión sin cámaras, en un documento que nadie lee, en un orden de aparición que se decide mientras todos miramos otra cosa. Y cuando por fin lo notes, cuando las visualizaciones bajen sin razón aparente y el algoritmo ya no te empuje, ya habrá demasiados intereses instalados como para deshacer lo que se construyó en silencio. La pregunta que merece una respuesta honesta no es si esto te va a afectar. Es por qué, sabiendo todo esto, sigues mirando hacia otro lado.

La gramática del control

Hay una diferencia fundamental entre regular el poder y ejercerlo. La Comisión Europea ha conseguido, con una elegancia burocrática admirable, hacer las dos cosas al mismo tiempo sin que nadie lo llame por su nombre.

La Digital Services Act no es una ley de seguridad digital. Es una arquitectura de control institucionalizado sobre el discurso público, diseñada con el lenguaje de la protección y el andamiaje de la censura. Diecisiete investigaciones abiertas, un equipo de 127 funcionarios que pronto serán 187, multas de hasta el 6% de la facturación global. Lo llaman "cumplimiento". Lo que describen es la infraestructura de un Estado que ha decidido que la conversación pública es demasiado importante como para dejarla en manos de quienes participan en ella.

El mecanismo es elegante en su diseño. Las plataformas están obligadas a evaluar "riesgos sistémicos" que incluyen amenazas al "discurso cívico" y a los "procesos electorales". La Comisión decide qué cuenta como riesgo. La Comisión decide si la respuesta es suficiente. La Comisión investiga, instruye el expediente y sanciona. No existe ninguna instancia independiente en ese proceso. Es el modelo inquisitorial aplicado al siglo XXI: el que escribe las reglas es el mismo que juzga si se han incumplido.

Lo que hace particularmente sofisticado este sistema es que no necesita prohibir nada directamente. Basta con crear incertidumbre. Las plataformas, ante la amenaza de multas extraordinarias y el coste operativo de lidiar con investigaciones abiertas indefinidamente, se autocensuran antes de que nadie se lo pida. TikTok reescribió sus normas globales de comunidad para cumplir con la DSA. Sus usuarios en São Paulo, Lagos o Los Ángeles viven hoy bajo un régimen de moderación diseñado en Bruselas. La regulación europea tiene alcance planetario sin necesidad de tratado internacional ni soberanía formal. Ese es su verdadero poder, y pocos lo están nombrando con claridad.

La convergencia con la identidad digital añade otra capa que merece atención estratégica. La Comisión está impulsando sistemas de verificación de edad vinculados a la EU Digital Identity Wallet, una cartera de identidad digital que los Estados miembros deben implementar antes de finales de 2026. Cinco países ya están en fase de prueba. La lógica es simple: si controlas la identidad, controlas el acceso; si controlas el acceso, controlas quién puede hablar y en qué condiciones. No es ciencia ficción. Es ingeniería institucional en tiempo real.

El vocabulario oficial lo revela todo. No hay censura, hay "moderación de contenidos". No hay vigilancia, hay "verificación". Una prohibición se convierte en "restricciones relacionadas con la edad". El lenguaje no es inocente: es la primera línea de defensa de cualquier sistema de control que necesita legitimación democrática para funcionar.

La paradoja final es que el aparato crece mientras los problemas que justificaron su creación permanecen intactos. La propia ministra flamenca lo admitió ante el pleno del summit: no se ve el resultado en las plataformas. La máquina se expande, pero no resuelve. Y eso, en la lógica del poder burocrático, no es un fracaso. Es la condición de su propia supervivencia.

La pregunta que queda abierta no es si este modelo seguirá avanzando. Es quién, exactamente, tenía la legitimidad para diseñarlo.

La IA ya no es un debate tecnológico. Es una batalla por el poder.

En enero de 2026, un político de Nueva York perdió su escaño. No por un escándalo. No por una mala gestión. Lo perdió porque intentó aprobar una ley que ponía límites al desarrollo de la inteligencia artificial. La respuesta de la industria fue inmediata: campañas negativas millonarias, ataques personales, una operación diseñada para destruir su candidatura. Y para que cualquier otro político con ideas similares sacara sus propias conclusiones. Eso ocurrió. No en una distopía. En Nueva York, hace unos meses.

Y sin embargo, aquí en Europa, el debate sobre inteligencia artificial sigue girando en torno a si las imágenes generadas deben llevar marca de agua, si los chatbots son creativos o no, si la ética del algoritmo cumple con los estándares del comité correspondiente. Hay dos conversaciones ocurriendo en paralelo. Una es ruidosa y llena de titulares. La otra es silenciosa, técnica, y es la que va a definir quién tiene el poder durante las próximas décadas. La mayoría de la gente —incluyendo la mayoría de los políticos europeos— está siguiendo la primera sin darse cuenta de que la segunda ya casi ha terminado.

El mercado laboral lleva tiempo enviando señales que nadie quiere leer en voz alta. El perfil "founder" en LinkedIn ha crecido un 69% en 2025. La edad media de los fundadores en las principales empresas de IA es de 29 años; en Y Combinator, 24. En 2023, el 38% de la fuerza laboral de EE.UU. trabajó como autónomo. El 45% de los jóvenes de la Generación Z tiene un trabajo paralelo al principal. Solo el 6% de esa misma generación aspira a llegar a senior leadership. El contrato social del empleo fijo como destino vital ya no describe la realidad de lo que ocurre, ni tampoco la de lo que la gente quiere.

Hay un dato que resume bien la escala del cambio: el PIB de EE.UU. creció un 2,7% en 2025, pero el empleo se mantuvo estancado. En 2004, Google necesitaba 2.500 empleados por cada 1.000 millones de facturación. Hoy Anthropic tiene 2.500 empleados y factura 14.000 millones. El crecimiento económico se está desacoplando de la creación de empleo de una forma que no tiene precedente en ninguna revolución industrial anterior. Y el propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtió en una entrevista con 60 Minutes que la IA podría eliminar el 50% de los puestos de oficina de nivel inicial en un plazo de uno a cinco años, y disparar el desempleo hasta el 10-20%.

El Banco Central Europeo publicó en 2025 el paper "Eurosclerosis at 40", del economista Benjamin Schoefer, que muestra con claridad que el PIB per cápita crece más en los países donde la gente cambia de trabajo con frecuencia. España está en el extremo equivocado de ese gráfico, no porque la gente no quiera cambiar, sino porque el sistema no lo facilita: el 67% de los trabajadores que no teletrabajan lo hacen porque su empresa directamente no lo permite.

Todo esto está pasando ahora. No es tendencia. Es presente. Y la pregunta que nadie en los parlamentos europeos parece estar haciéndose es quién está tomando decisiones políticas a la altura de este cambio.

Porque mientras el mercado se transforma, la industria tecnológica no está esperando a que los gobiernos decidan. Está diseñando activamente el entorno en el que van a operar. En Estados Unidos existe un Super PAC —Leading the Future, respaldado por OpenAI, Andreessen Horowitz, Palantir y otros actores del sector— que ha recaudado al menos 125 millones de dólares con un objetivo explícito: favorecer a candidatos alineados con una regulación favorable a la industria. No es lobbying tradicional. Es una maquinaria diseñada para premiar o castigar legisladores según su posición respecto a la IA. El caso de Alex Bores no fue una excepción; fue un mensaje.

Y luego está la dimensión legal. Según Wired, OpenAI ha respaldado legislación en Illinois para limitar la responsabilidad de las empresas de IA por los daños que causen sus modelos —incluso en escenarios de muerte masiva o desastres financieros—. No solo quieren influir en quién legisla. Quieren influir en qué se legisla y en qué términos. En quién puede ser demandado y por qué. La industria del tabaco pasó décadas financiando estudios alternativos para sembrar dudas sobre la evidencia científica. Las grandes petroleras aplicaron la misma estrategia con el cambio climático. El patrón —usar recursos financieros masivos para capturar el proceso regulatorio antes de que la sociedad tenga tiempo de deliberar— es el mismo. La diferencia es que ahora la tecnología que se intenta proteger de la regulación es también la tecnología con mayor capacidad para producir narrativas e imágenes en cantidad industrial.

Mientras en EE.UU. se libra esta batalla política abierta, Europa presenta una contradicción que nadie quiere nombrar. Regula con intensidad pero construye con timidez. Habla de autonomía estratégica mientras deja que la capa más crítica de la nueva economía —la computación— quede en manos de actores que no responden ante ningún parlamento europeo. Las grandes hiperescaladoras estadounidenses están construyendo infraestructuras masivas en suelo europeo: en Aragón, en Talavera de la Reina, donde Meta desarrolla uno de los mayores centros de datos del continente sobre unas 190 hectáreas, con cerca de 750 millones de inversión y apenas 250 empleos permanentes cuando esté operativo. Europa pone el suelo, la electricidad renovable y la flexibilidad normativa. Ellos ponen el capital y se quedan con la infraestructura, los datos, el software y el poder de decisión.

La narrativa institucional insiste en las cifras de inversión. Pero esa cifra mide lo que entra, no lo que se queda. Los centros de datos no son fábricas de conocimiento; son nodos de una red global cuyo cerebro está en otro sitio. Y hay costes que no salen en el comunicado de prensa: consumo energético masivo, presión sobre el agua, transformación del territorio, opacidad ambiental. Todo asumido localmente. Todo ausente del discurso oficial. Europa se está especializando en ser infraestructura, no industria. En alquilar su ventaja en vez de convertirla en capacidad propia. Eso no es estrategia. Es resignación con buena presentación. Y quien no controla la infraestructura crítica, ya sabemos cómo acaba.

La pregunta de fondo es más vieja que la tecnología. Aristóteles escribió que el hombre es por naturaleza un animal político: la especie que se organiza colectivamente para decidir cómo vivir juntos. Esa capacidad de deliberación es exactamente lo que está en juego. No la tecnología. La deliberación. Y como decía Keynes en otro momento de transición histórica, la dificultad no está en las ideas nuevas, sino en escapar de las viejas.

Hay una diferencia enorme entre no regular en exceso y no regular. Una empresa puede tener libertad para innovar y al mismo tiempo tener responsabilidad legal por los daños que cause. Eso no es burocracia. Es simplemente lo que llamamos Estado de derecho cuando funciona. La batalla por la IA es una batalla por el control del relato: por quién decide qué se regula, quién queda exento de responsabilidad, qué narrativas circulan y cuáles no. Esa batalla ya empezó. Y en ella, el silencio no es neutralidad. Es una posición.

El espejo alemán

El pasado 28 de abril, varios medios alemanes recibieron un documento antes de que ningún ministro se pusiera delante de un micrófono. Era el acuerdo entre la CDU de Friedrich Merz y el SPD. Lo que contenía no se resume bien en un titular: un paquete de austeridad sanitaria que ahorrará 19.300 millones de euros el próximo año y escalará hasta 38.300 millones en 2030, la supresión de la cobertura médica gratuita para cónyuges que no cotizan, copagos más altos, pensiones redefinidas por el propio Merz como "cobertura básica para la vejez" y la eliminación del subsidio de desempleo de larga duración antes de Navidad. Llamar a esto un ajuste menor es deshonesto. Es el mayor desmantelamiento del gasto social alemán desde las reformas Schröder del año 2000, y ocurre mientras el presupuesto militar de 2026 sube a 82.700 millones de euros —108.000 sumando los fondos especiales del Bundeswehr—, con un objetivo de 153.000 millones para 2029. El orden de prioridades no necesita más comentario.

Lo que sí necesita explicación es la injusticia específica de cómo se distribuye el golpe. Quien más lo nota no es quien menos ha pagado. Son las personas que han estado cotizando toda su vida laboral, mes a mes, sin saltarse ni uno, quienes descubren ahora que el contrato era menos sólido de lo que les dijeron. El sistema se construyó sobre una promesa implícita —paga y estarás cubierto— y esa promesa se reescribe unilateralmente, sin consulta con los que pusieron el dinero. Esto no es un efecto secundario del modelo. Es su defecto estructural de origen. Los sistemas de pensiones de reparto funcionan como una pirámide: los primeros en entrar cobran bien porque hay muchos que pagan detrás. Los últimos en entrar descubren que detrás de ellos hay cada vez menos gente. En Alemania, en 2025 nacieron 654.300 bebés, el número más bajo desde 1946. Ese mismo año murieron más de un millón de personas. La base de la pirámide se estrecha, y nadie que haya prestado atención puede decir que no lo veía venir.

El problema de fondo, sin embargo, no es solo demográfico. Es de productividad. Un Estado del bienestar generoso no es malo por definición; es caro por definición. Para financiarlo necesitas una economía que crezca, innove y genere los ingresos fiscales suficientes. Mientras China destinaba sus recursos a construir cadenas de suministro industriales y posiciones tecnológicas estratégicas —liderando hoy 57 de las 64 tecnologías críticas rastreadas por el Instituto Australiano de Política Estratégica, y registrando un récord de 521.000 millones de dólares en inversión en inteligencia artificial en 2024— Europa dedicó una parte significativa de su capital político y regulatorio a agendas de diversidad corporativa, lenguaje institucional inclusivo y la prohibición de motores de combustión para 2035 sin una alternativa industrial propia que la sustituyera. El resultado lo cuantifica McKinsey con precisión: las empresas europeas tienen apenas un 7% de exposición a los sectores tecnológicos de alto crecimiento que dominarán la economía de las próximas décadas. La ventaja acumulada por China en sectores estratégicos es ya, para muchos analistas, prácticamente irrecuperable en un horizonte de décadas. La industria alemana del automóvil —durante décadas el símbolo de la competitividad europea— destruyó aproximadamente 50.000 empleos en 2025, el doble que en 2024. Desde 2019, el sector ha perdido 111.000 puestos de trabajo. Cuando la competitividad se erosiona, caen los ingresos fiscales, y cuando caen los ingresos fiscales los estados tienen dos opciones: recortar compromisos o endeudarse. Europa ha elegido mayoritariamente la segunda durante demasiado tiempo, y la factura llega ahora.

Alemania actúa antes que el resto no por voluntad política sino por una restricción constitucional. El Schuldenbremse, inscrito en la Ley Fundamental desde 2009, prohíbe déficits estructurales superiores al 0,35% del PIB. España puede endeudarse más. Italia puede. Francia puede, aunque con crecientes dificultades. Alemania no puede, o no sin un coste constitucional enorme. Por eso recorta primero. El resto recortará después, cuando el mercado de deuda les quite las opciones que hoy tienen. Bélgica ya aprobó en julio de 2025 la eliminación del subsidio de desempleo indefinido —el famoso paro de por vida que en ese país podía durar décadas—. Francia prepara recortes de 44.000 millones de euros con congelación de prestaciones y miles de despidos en el sector público, ante los que los sindicatos han convocado huelga general. El patrón es el mismo en todas partes. Solo cambia el calendario.

En ese contexto conviene mirar con atención quién firma los recortes. Friedrich Merz, el canciller que recorta el sistema sanitario de quienes cotizaron toda su vida, fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Asset Management Deutschland AG entre 2016 y 2020. No era un empleado menor: su función principal era actuar como enlace político de alto nivel, utilizando su red para dar a BlackRock acceso a los responsables de toma de decisiones en Berlín y Bruselas. Bajo su supervisión, la firma se convirtió en accionista de importantes empresas alemanas. El economista Werner Rügemer documentó que Merz tenía la tarea de "promover la expansión de BlackRock en Alemania y en importantes empresas alemanas, también a través de contactos con el gobierno federal". El problema no es la persona. Es la estructura: un hombre que pasó cuatro años representando los intereses del mayor gestor de activos del mundo toma ahora decisiones sobre el gasto social de los trabajadores alemanes. Que sea él quien firme estos recortes tiene una ironía que resulta difícil de ignorar.

El coste electoral ya es visible. La AfD lidera las encuestas con el 27%, cinco puntos por delante de la CDU/CSU, que ha caído al 22%. El SPD no supera el 12%. El partido que más se beneficia de estos recortes es el que los llevaría mucho más lejos, en otra dirección y sobre otros destinatarios. Y los que los aplican, intentando evitar exactamente ese escenario, lo que consiguen por ahora es alimentarlo. El 69% de los alemanes dice temer la pobreza en la vejez. Ese dato no necesita interpretación.

El espejo no engaña. Lo que muestra es un sistema que prometió demasiado, que tardó demasiado en reconocerlo, y que cuando finalmente recorta, lo hace sobre las espaldas de los mismos que lo financiaron. La pregunta que cada persona puede hacerse, al margen de lo que decidan los gobiernos, es bastante concreta: en qué medida está construyendo algo que no dependa únicamente de lo que el Estado pueda o quiera darme. No como renuncia a lo colectivo, sino como lectura honesta de lo que ese colectivo puede garantizar de aquí a treinta años. La respuesta es personal. Pero formularla sin que nadie te diga que es de derechas o de izquierdas hacerlo es, quizás, lo mínimo que uno puede exigirse.

La tecnología que convierte el duelo en suscripción

En febrero de 2020, el documental surcoreano I Met You mostró a una madre reencontrándose con su hija fallecida mediante realidad virtual (MBC). La niña, Nayeon, murió en 2016 con solo siete años tras un cáncer hematológico. Tres años después, un equipo tardó ocho meses en reconstruir su voz, gestos y apariencia a partir de datos digitales. El resultado fue devastadoramente convincente… y conceptualmente inquietante.

No es la primera vez que la tecnología invade territorios que antes pertenecían a lo íntimo. La fotografía del siglo XIX ya fue acusada de “robar el alma”. El fonógrafo permitió escuchar a muertos por primera vez. Pero lo que estamos viendo ahora es distinto: no es reproducción, es simulación interactiva. Es un salto cualitativo.

Y como siempre, el discurso oficial llega envuelto en una narrativa terapéutica. Se habla de “cierre emocional”, de “procesamiento del duelo”, incluso de aplicaciones clínicas (Frontiers in Psychology). Todo muy razonable. Todo muy humano. Todo profundamente incompleto.

Porque aquí hay un detalle que se evita deliberadamente: esta tecnología no elimina el dolor, lo externaliza. Y lo externalizable se convierte en producto.

No es casualidad que ya existan startups que ofrecen “chatbots de fallecidos”, como el caso de Replika o proyectos experimentales basados en GPT que recrean personalidades a partir de datos históricos (MIT Technology Review). Tampoco es casual que empresas como Microsoft hayan patentado sistemas para crear “versiones conversacionales de personas fallecidas” (US Patent US20210073638A1).

Esto no es un accidente. Es un mercado naciente.

La llamada grief tech (tecnología del duelo) apunta a un modelo de negocio evidente: suscripciones emocionales. ¿Quieres hablar con tu padre muerto? ¿Celebrar otro cumpleaños con tu hija? ¿Repetir la despedida hasta que deje de doler? Paga.

Aquí es donde el liberalismo bien entendido no puede ser ingenuo. La innovación es positiva y necesaria porque amplía el rango de lo posible. Pero también amplía el rango de lo explotable. Y cuando el activo es el dolor humano, la tentación de monetizarlo es irresistible.

Históricamente, cada avance tecnológico ha generado nuevas dependencias. La televisión no solo informaba, moldeaba narrativas. Las redes sociales no solo conectaban, capturaban atención. Hoy, la inteligencia artificial no solo simula, sustituye.

Y ahí entra el verdadero riesgo: no el Estado, que siempre llega tarde, sino la convergencia entre datos personales, poder corporativo y vulnerabilidad emocional.

Para recrear a un fallecido necesitas algo más que fotos: necesitas patrones de comportamiento, voz, lenguaje, recuerdos digitalizados. Es decir, necesitas la materia prima más sensible que existe: la identidad.

¿Quién controla eso? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo vende?

El Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR) protege a los vivos, pero apenas contempla la “huella digital post-mortem”. Y ahí hay un vacío legal que las empresas ya están explorando.

El problema no es que podamos hacer esto. El problema es que queramos hacerlo sin preguntarnos por qué.

Porque el duelo cumple una función: nos obliga a aceptar la irreversibilidad. A asumir límites. A madurar. Externalizarlo mediante tecnología puede parecer liberador… pero también puede convertirse en una forma sofisticada de evasión.

Y una sociedad que no acepta la pérdida es una sociedad fácilmente manipulable.

La innovación seguirá avanzando. Es inevitable. Y en muchos aspectos, deseable. Pero si no defendemos la propiedad de nuestra identidad, incluso después de la muerte, acabaremos delegando lo único que no deberíamos delegar nunca: nuestra relación con la realidad.

Y cuando eso ocurra, no necesitaremos resucitar a los muertos.

Porque habremos empezado a dejar de estar realmente vivos.

Bibliografía y fuentes

• MBC Documentary I Met You: https://www.imbc.com

• MIT Technology Review – Chatbots of the dead: https://www.technologyreview.com/2023/01/12/1066544/chatbots-trained-on-dead-people/

• Microsoft Patent (Conversational AI of deceased persons): https://patents.google.com/patent/US20210073638A1/en

• Frontiers in Psychology (VR and grief processing): https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.620646/full

• GDPR overview: https://gdpr.eu

• BBC coverage of VR reunion: https://www.bbc.com/news/technology-51454533

• The Guardian – Ethical concerns on digital resurrection: https://www.theguardian.com/technology/2020/feb/11/virtual-reality-dead-people-grief-tech

Cuando los imperios olvidan innovar: lecciones de Bizancio.

El Imperio bizantino duró 1.123 años. Lo repito porque la cifra merece ser digerida lentamente: más de un milenio de continuidad estatal, desde la fundación de Constantinopla en 330 hasta su caída en 1453. Ninguna estructura política occidental se le acerca. Y sin embargo, cuando decimos «bizantino» queremos decir enrevesado, decadente, anquilosado. Edward Gibbon fijó ese prejuicio en el siglo XVIII y la historiografía popular nunca se recuperó. Lo cierto es que Bizancio no cayó por decadencia moral ni por exceso de lujo, sino por algo mucho más prosaico y mucho más relevante para nosotros: dejó de innovar en el momento exacto en que sus competidores empezaron a hacerlo. Y ese patrón —un imperio que confunde conservar con sobrevivir— se repite hoy con una precisión que debería inquietar a cualquier europeo con un mínimo de perspectiva histórica.

Bizancio fue durante siglos la civilización más avanzada tecnológicamente de Occidente. Inventó el fuego griego, el arma secreta que salvó Constantinopla de dos asedios árabes y mantuvo la supremacía naval del imperio durante generaciones. Desarrolló la arquitectura de pechinas que hizo posible la cúpula de Santa Sofía —una hazaña de ingeniería que no se superó en mil años—. Creó los molinos flotantes, las granadas incendiarias, el sistema de balizas que transmitía mensajes desde la frontera abasí hasta el palacio imperial en menos de una hora, y hasta el tenedor de mesa, que los venecianos consideraron una blasfemia contra los dedos que Dios les había dado. Nautilus documentó que Juan Filopón formuló la teoría del ímpetu —precursora del concepto de inercia— mil años antes que Galileo. Bizancio no era un museo: era un laboratorio.

¿Qué ocurrió entonces? Dos cosas fatales, y ambas tienen un espejo contemporáneo. Primero, la élite bizantina decidió que preservar era más rentable que crear. La ciencia se convirtió en filología: los eruditos copiaban manuscritos de Euclides y Ptolomeo con esmero exquisito, pero cada vez producían menos conocimiento original. Como documenta la Universidad de Estambul, mientras el mundo islámico y la Europa occidental avanzaban en astronomía y matemáticas, Bizancio permanecía anclado en los métodos ptolemaicos hasta su extinción. Segundo, el emperador Basilio II inauguró una política fiscal suicida: concedió exenciones tributarias a la nobleza terrateniente y permitió la concentración de tierras a costa de los pequeños campesinos, hipotecando el futuro para financiar el presente. Cuando Venecia y Génova exigieron concesiones comerciales a cambio de apoyo militar, Bizancio las otorgó, entregando su tejido productivo a potencias extranjeras. Los artesanos y comerciantes bizantinos fueron expulsados de su propio mercado. La moneda se degradó. Los impuestos dejaron de recaudarse. El ejército dejó de pagarse. El resto es 1453.

Ahora lean el diagnóstico que Mario Draghi presentó a la Comisión Europea en septiembre de 2024 y díganme si no sienten un escalofrío. Su informe sobre competitividad europea describe una Unión Europea atrapada en lo que economistas del Ifo Institute llaman la «trampa de la tecnología media»: fuerte en automoción y telecomunicaciones, pero rezagada en semiconductores, inteligencia artificial, robótica y computación cuántica. La inversión privada en I+D alcanza el 1,3 % del PIB, frente al 2,4 % de Estados Unidos y el 1,9 % de China, según el Foro Económico Mundial. Europa no tiene una sola empresa tecnológica valorada en más de un billón de dólares; Estados Unidos tiene siete. Un año después del informe Draghi, solo el 11 % de sus 383 recomendaciones se había implementado. Bizancio también tuvo sus informes brillantes. Los archivó en bibliotecas espléndidas mientras los otomanos fundían cañones.

La analogía no es decorativa: es estructural. Bruegel, el prestigioso think tank de política económica, documenta que la UE queda significativamente por detrás de EE. UU. y China en patentes de ruptura en IA, semiconductores y computación cuántica. China concentra más del 40 % de las innovaciones radicales en visión artificial para vigilancia y sistemas autónomos, y el 55 % en IA para drones. El Nobel de Economía Philippe Aghion advirtió sin rodeos: Europa lleva desde los años noventa confinada en la innovación incremental mientras sus rivales desarrollan tecnologías de ruptura. Y el propio Draghi, en la conferencia de seguimiento de septiembre de 2025, reconoció que cada desafío señalado en su informe se había agravado. El ITIF de Washington lo resume con una frase brutal: la letargia innovadora de Europa debería servir de lección sobre lo que no hay que hacer, incluso para un líder como EE. UU.

Desde una perspectiva liberal, el diagnóstico es cristalino. Europa ha construido un gigante regulador y un enano presupuestario —la frase es del propio Aghion—. Ha convertido el principio de precaución en un freno estructural a la innovación, ahuyentando capital de riesgo y talento hacia jurisdicciones menos asfixiantes. DeepMind, uno de los laboratorios de IA más importantes del mundo, nació en Londres; tuvo que ser comprado por Google porque los inversores europeos eran demasiado aversos al riesgo para financiarlo. Más del 80 % de la infraestructura digital europea es importada, y alrededor del 70 % de los modelos fundacionales de IA se desarrollan en EE. UU. Esto no es interdependencia: es dependencia estratégica, exactamente el tipo de vulnerabilidad que destruyó a Bizancio cuando delegó su comercio en Venecia y su defensa en mercenarios extranjeros.

La lección de Bizancio no es que los imperios caigan. Eso es trivial; todos caen. La lección es que caen cuando confunden la administración del legado con la creación de futuro. Cuando copiar manuscritos sustituye a escribir ciencia nueva. Cuando la regulación del riesgo reemplaza a la asunción del riesgo. Cuando la élite prefiere exenciones fiscales hoy a inversión productiva mañana. Europa posee universidades magníficas, investigadores brillantes y una tradición científica sin parangón. También la poseía Constantinopla. La diferencia entre un imperio que se transforma y uno que se fosiliza no está en los recursos ni en la inteligencia: está en la voluntad política de aceptar que conservar lo que tienes exige crear lo que aún no existe. Y esa voluntad, de momento, brilla por su ausencia en Bruselas con la misma elocuencia con que brilló por su ausencia en el Palacio de Blanquerna.

Los nuevos imperios: datos, energía y biotecnología

Los imperios clásicos se construían sobre territorio, ejércitos y rutas comerciales. Los del siglo XXI se construyen sobre tres recursos que la mayoría de la población ni siquiera percibe como tales: datos, energía computacional y código genético. No ondean banderas, no firman tratados y no necesitan colonias. Operan a través de patentes, centros de datos y licencias de propiedad intelectual. Y sin embargo, el grado de concentración de poder que acumulan no tiene precedente histórico desde las compañías de las Indias Orientales. Un estudio publicado en Policy and Society (Oxford) demuestra que la IA generativa ha acelerado la concentración de poder en manos de un puñado de corporaciones tecnológicas que controlan la infraestructura digital, los datos y los procesos políticos. No es una metáfora: es un análisis empírico de cómo Big Tech moldea la legislación que supuestamente debería regularla.

Primer pilar: los datos. Estados Unidos alberga casi 4.000 centros de datos operativos, más que cualquier otro país del mundo, según Visual Capitalist. El mercado global del big data alcanzará los 454.000 millones de dólares en 2025 y superará el billón en 2034. Pero la cifra relevante no es el tamaño del mercado, sino su geometría: las cinco principales empresas controlan aproximadamente el 35 % de los ingresos de software. Meta, Alphabet, Amazon, Apple y Microsoft no son empresas en el sentido clásico del término; son infraestructuras civilizatorias. Procesan el correo, almacenan las fotografías, median las transacciones, indexan el conocimiento y entrenan los modelos de IA que definirán la próxima década. Un paper del Journal of International Business Studies conceptualiza este fenómeno como un bucle de retroalimentación datos-IA que genera un poder sin precedentes para las multinacionales tecnológicas, un poder que ya desafía los marcos regulatorios de cualquier Estado.

Segundo pilar: la energía. Cada consulta a un modelo de lenguaje grande consume entre cinco y diez veces más electricidad que una búsqueda convencional. La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda eléctrica global de los centros de datos podría duplicarse entre 2022 y 2026, superando los 1.000 TWh, impulsada fundamentalmente por la IA. En Irlanda, los centros de datos ya consumen el 21 % de la electricidad nacional y podrían alcanzar el 32 % en 2026. En Virginia, el 26 %. En Dublín, el 79 %. Pew Research documenta que los centros de datos han encarecido la factura eléctrica de los hogares de Baltimore en 17 dólares mensuales, y un estudio de Carnegie Mellon proyecta subidas del 8 % en la tarifa media estadounidense para 2030, con picos superiores al 25 % en las zonas de mayor demanda. El operador de red PJM, que sirve a 65 millones de personas, prevé un déficit de seis gigavatios para 2027. La IA no solo consume datos: devora kilovatios. Y la factura la paga el ciudadano que jamás usó ChatGPT.

Tercer pilar: el código genético. La batalla por las patentes de CRISPR-Cas9 —la tecnología de edición genética más poderosa jamás creada— lleva trece años y aún no tiene resolución. En mayo de 2025, un tribunal de apelaciones estadounidense reabrrió la disputa sobre quién posee los derechos: si las Nobel Doudna y Charpentier (Universidad de California) o Feng Zhang (Broad Institute de MIT y Harvard). Lo que está en juego no es un crédito académico: es el control de una tecnología que ya se usa para tratar la anemia falciforme, que promete revolucionar la agricultura y que, como advierte Nature Biotechnology, plantea preguntas fundamentales sobre el acceso equitativo. Los desarrolladores de fármacos basados en CRISPR necesitan licencias de múltiples titulares —Broad, UC Berkeley, ToolGen— para operar sin riesgo legal. Un análisis de Taylor & Francis describe este ecosistema como una pirámide de extracción de rentas donde la investigación financiada con fondos públicos se convierte en activos financieros privados. Es el cercamiento de los bienes comunes genéticos, exactamente como el cercamiento de las tierras comunales en la Inglaterra del siglo XVIII.

Desde una perspectiva liberal, la concentración de estos tres recursos en pocas manos es tan peligrosa como la concentración de poder estatal que Hayek denunció en Camino de servidumbre. Un artículo publicado en PubMed Central lo formula con claridad: las grandes tecnológicas han construido imperios digitales relativamente independientes de la autoridad política, controlando datos y monopolizando tecnología. Cuando los fundadores de estas empresas se sientan en la primera fila de una inauguración presidencial —como documentó TechPolicy.Press en enero de 2025 con Zuckerberg, Bezos, Pichai y Musk—, la frontera entre poder corporativo y poder político se disuelve. No es capitalismo de libre mercado: es capitalismo de plataforma, donde el propietario de la infraestructura dicta las reglas del juego para todos los demás participantes.

La Compañía Británica de las Indias Orientales tenía ejército propio, acuñaba moneda, administraba justicia y gobernaba 200 millones de personas. Fue, durante dos siglos, más poderosa que la mayoría de los Estados soberanos de su época. Lo que la hacía invulnerable no era la fuerza bruta, sino el control simultáneo de tres activos estratégicos: rutas comerciales, materias primas y marcos legales a medida. Sustitúyanse rutas comerciales por infraestructura de datos, materias primas por energía y código genético, y marcos legales por patentes y lobbies regulatorios, y se tiene un retrato bastante preciso de la nueva realidad imperial. La diferencia —y esto es lo que debería quitarle el sueño a cualquier defensor de la libertad individual— es que la Compañía de las Indias Orientales era al menos visible. Los nuevos imperios operan dentro de tu teléfono, tu factura eléctrica y tu ADN. Y la mayoría de sus súbditos ni siquiera sabe que lo son.

La muerte del dinero tal como lo conocemos

El billete que lleva usted en el bolsillo —si es que aún lleva alguno— es un cadáver que no sabe que está muerto. Durante milenios, el dinero físico fue sinónimo de libertad: anónimo, fungible, imposible de rastrear. Un campesino del siglo XII podía guardar sus monedas bajo una piedra sin que ni el rey ni el recaudador supieran cuántas tenía. Esa era de soberanía individual sobre el patrimonio está terminando. No la destruye una revolución ni una guerra, sino algo más insidioso: la convergencia entre la digitalización de los pagos, las monedas digitales de banco central y la ambición estatal de convertir cada transacción en un dato vigilable. Según el Atlantic Council, 137 países y uniones monetarias —que representan el 98 % del PIB mundial— están explorando monedas digitales de banco central (CBDC). Hay 49 proyectos piloto activos. No estamos ante una hipótesis académica: estamos ante una migración monetaria en curso.

El laboratorio más avanzado de esta transformación es Suecia. El Riksbank documenta que el efectivo en circulación equivale apenas al 1 % de su PIB, y solo uno de cada diez suecos pagó su última compra con billetes. Más del 80 % de la población usa Swish, una aplicación de pago instantáneo entre cuentas bancarias. Los investigadores de la Universidad de Lund han revelado el reverso brutal de esta eficiencia nórdica: las personas sin cuenta bancaria, los ancianos sin alfabetización digital y los sin techo no pueden pagar un billete de autobús ni comprar un regalo a sus nietos. Una mujer entrevistada describe cómo intentó pagar en efectivo en una tienda y fue rechazada frente a su nieta. El uso de efectivo se ha convertido en Suecia en un estigma social asociado a la marginalidad y la criminalidad. La utopía digital tiene, como toda utopía, sus expulsados.

Mientras Suecia corre hacia adelante, Estados Unidos ha frenado en seco. En enero de 2025, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva «Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology», que prohíbe a cualquier agencia federal crear, emitir o promover una CBDC, alegando riesgos para la estabilidad financiera, la privacidad individual y la soberanía nacional. En paralelo, promueve las stablecoins respaldadas por el dólar —es decir, monedas digitales emitidas por el sector privado, no por el Estado—. Es una posición coherente desde una óptica liberal: si el problema es la vigilancia estatal, la solución no pasa por darle al Estado una herramienta de vigilancia más poderosa que cualquier impuesto. Pero encierra una trampa: delegar la infraestructura monetaria digital al sector privado no elimina el riesgo de abuso; simplemente lo traslada de un monopolio público a un oligopolio corporativo. Pregúntele a los usuarios de Terra Luna, cuyo colapso en 2022 evaporó miles de millones en horas, qué se siente cuando tu dinero desaparece sin que ningún banco central responda.

China, por supuesto, ha elegido el camino opuesto. El yuan digital (e-CNY) está en fase piloto en ciudades principales, integrado en el proyecto mBridge del Banco de Pagos Internacionales, diseñado explícitamente como alternativa al sistema SWIFT y a la hegemonía del dólar. Senadores estadounidenses como Mike Lee han señalado que en ensayos tempranos del e-CNY, el gobierno canceló fondos de ciudadanos tras un período fijado, obligándoles a gastar sus ahorros según el calendario del Partido. Es dinero programable: el Estado puede decidir cuándo caduca, en qué se gasta y quién puede usarlo. Friedrich Hayek, que en 1976 propuso la desnacionalización del dinero, estaría horrorizado no porque el dinero se digitalice, sino porque la digitalización permite un grado de control sobre las decisiones individuales que ni el planificador soviético más ambicioso pudo soñar.

El Fondo Monetario Internacional advierte que, si están mal diseñadas, las CBDC generan riesgos concretos de privacidad: filtración de datos, abuso gubernamental de información transaccional, ciberataques y reidentificación de transacciones supuestamente anónimas mediante metadatos. Incluso la Unión Europea, que lidera la regulación tecnológica con su AI Act, avanza con el proyecto del euro digital sin haber resuelto la contradicción fundamental: ¿cómo se diseña una moneda que sea trazable para combatir el fraude y, simultáneamente, opaca para proteger la intimidad del ciudadano? La respuesta técnica —pruebas de conocimiento cero, criptografía homomórfica— existe en los laboratorios. La respuesta política, que exige limitar voluntariamente el poder del emisor, no existe en ningún parlamento del mundo.

La historia del dinero es la historia de la confianza. El sólido romano, el florín florentino, el dólar de Bretton Woods: todos funcionaron mientras la gente creyó en la promesa que representaban. Lo que viene no es la desaparición del dinero, sino su mutación en un instrumento de transparencia asimétrica: el ciudadano será completamente visible para el emisor, pero el emisor seguirá siendo opaco para el ciudadano. Eso no es dinero en ninguna acepción histórica del término. Es un permiso revocable para intercambiar valor. La verdad incómoda que nadie quiere pronunciar es esta: el efectivo era el último reducto de privacidad financiera que le quedaba al individuo frente al Estado y la corporación. Su extinción no es un avance técnico; es una capitulación civilizatoria disfrazada de comodidad.