El salario ya no es una promesa.
Entre 1987 y 2019, la participación de los salarios en el PIB de Estados Unidos cayó del 67,8% al 58,4%. No fue una crisis. Fue una tendencia. Silenciosa, constante, perfectamente documentada y políticamente ignorada. Lo que esos números describen no es un problema coyuntural de negociación colectiva: es el colapso del contrato implícito sobre el que se construyó la democracia de posguerra. El acuerdo según el cual trabajar garantizaba, si no prosperidad, al menos dignidad económica.
La automatización lleva décadas siendo acusada de destruir empleo. Es el diagnóstico equivocado. El problema no es que las máquinas quiten puestos de trabajo —o no solo eso—. El problema es que la productividad generada por esas máquinas ya no llega a los trabajadores. Un análisis de la OIT sobre 36 economías avanzadas concluye que las innovaciones tecnológicas de las últimas dos décadas aumentaron la productividad de forma persistente, pero redujeron la participación de los ingresos laborales. Más producción, menos salario relativo. La riqueza se genera, pero no circula hacia abajo. En España, un análisis de Fedea confirma que entre 2007 y 2024 los costes laborales crecieron al ritmo de la productividad, pero el poder adquisitivo real de los salarios permaneció estancado. La diferencia la absorbieron las cotizaciones sociales y los márgenes empresariales. No los trabajadores.
Aquí es donde aparece la renta básica universal. Presentada como solución, es en realidad un diagnóstico disfrazado de política pública. Reconoce implícitamente que el mercado laboral ya no puede cumplir su función distributiva, y propone que el Estado la sustituya. El coste estimado oscila, según ESADE, entre el 10% y el 25% del PIB, lo que la hace inviable en el corto plazo para cualquier economía real. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es la dependencia que genera: una ciudadanía que recibe del Estado lo que antes obtenía del mercado queda atada al poder que concede el subsidio, y ese poder puede retirarlo, modularlo o condicionarlo. La RBU como herramienta de gestión social es mucho más dócil para los gobiernos que un mercado laboral con capacidad de negociación.
El argumento de los optimistas —que la IA ya está generando una prima salarial del 56% para trabajadores con habilidades digitales, según PwC— es cierto y, al mismo tiempo, irrelevante para la mayoría. Que los ingenieros de prompts y los analistas de datos ganen más no resuelve qué ocurre con los 2,3 millones de empleos que la IA podría destruir en España entre 2025 y 2035, según el primer gran informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral español. El capitalismo democrático se legitimó durante décadas distribuyendo prosperidad a través del empleo masivo. La pregunta que nadie quiere responder es si puede sobrevivir sin ese mecanismo. Y si la respuesta es que sí, con qué lo sustituye. Porque si la respuesta es "el Estado paga a todos para que no protesten", eso ya tiene un nombre. Y no es capitalismo.
