El espejo alemán
El pasado 28 de abril, varios medios alemanes recibieron un documento antes de que ningún ministro se pusiera delante de un micrófono. Era el acuerdo entre la CDU de Friedrich Merz y el SPD. Lo que contenía no se resume bien en un titular: un paquete de austeridad sanitaria que ahorrará 19.300 millones de euros el próximo año y escalará hasta 38.300 millones en 2030, la supresión de la cobertura médica gratuita para cónyuges que no cotizan, copagos más altos, pensiones redefinidas por el propio Merz como "cobertura básica para la vejez" y la eliminación del subsidio de desempleo de larga duración antes de Navidad. Llamar a esto un ajuste menor es deshonesto. Es el mayor desmantelamiento del gasto social alemán desde las reformas Schröder del año 2000, y ocurre mientras el presupuesto militar de 2026 sube a 82.700 millones de euros —108.000 sumando los fondos especiales del Bundeswehr—, con un objetivo de 153.000 millones para 2029. El orden de prioridades no necesita más comentario.
Lo que sí necesita explicación es la injusticia específica de cómo se distribuye el golpe. Quien más lo nota no es quien menos ha pagado. Son las personas que han estado cotizando toda su vida laboral, mes a mes, sin saltarse ni uno, quienes descubren ahora que el contrato era menos sólido de lo que les dijeron. El sistema se construyó sobre una promesa implícita —paga y estarás cubierto— y esa promesa se reescribe unilateralmente, sin consulta con los que pusieron el dinero. Esto no es un efecto secundario del modelo. Es su defecto estructural de origen. Los sistemas de pensiones de reparto funcionan como una pirámide: los primeros en entrar cobran bien porque hay muchos que pagan detrás. Los últimos en entrar descubren que detrás de ellos hay cada vez menos gente. En Alemania, en 2025 nacieron 654.300 bebés, el número más bajo desde 1946. Ese mismo año murieron más de un millón de personas. La base de la pirámide se estrecha, y nadie que haya prestado atención puede decir que no lo veía venir.
El problema de fondo, sin embargo, no es solo demográfico. Es de productividad. Un Estado del bienestar generoso no es malo por definición; es caro por definición. Para financiarlo necesitas una economía que crezca, innove y genere los ingresos fiscales suficientes. Mientras China destinaba sus recursos a construir cadenas de suministro industriales y posiciones tecnológicas estratégicas —liderando hoy 57 de las 64 tecnologías críticas rastreadas por el Instituto Australiano de Política Estratégica, y registrando un récord de 521.000 millones de dólares en inversión en inteligencia artificial en 2024— Europa dedicó una parte significativa de su capital político y regulatorio a agendas de diversidad corporativa, lenguaje institucional inclusivo y la prohibición de motores de combustión para 2035 sin una alternativa industrial propia que la sustituyera. El resultado lo cuantifica McKinsey con precisión: las empresas europeas tienen apenas un 7% de exposición a los sectores tecnológicos de alto crecimiento que dominarán la economía de las próximas décadas. La ventaja acumulada por China en sectores estratégicos es ya, para muchos analistas, prácticamente irrecuperable en un horizonte de décadas. La industria alemana del automóvil —durante décadas el símbolo de la competitividad europea— destruyó aproximadamente 50.000 empleos en 2025, el doble que en 2024. Desde 2019, el sector ha perdido 111.000 puestos de trabajo. Cuando la competitividad se erosiona, caen los ingresos fiscales, y cuando caen los ingresos fiscales los estados tienen dos opciones: recortar compromisos o endeudarse. Europa ha elegido mayoritariamente la segunda durante demasiado tiempo, y la factura llega ahora.
Alemania actúa antes que el resto no por voluntad política sino por una restricción constitucional. El Schuldenbremse, inscrito en la Ley Fundamental desde 2009, prohíbe déficits estructurales superiores al 0,35% del PIB. España puede endeudarse más. Italia puede. Francia puede, aunque con crecientes dificultades. Alemania no puede, o no sin un coste constitucional enorme. Por eso recorta primero. El resto recortará después, cuando el mercado de deuda les quite las opciones que hoy tienen. Bélgica ya aprobó en julio de 2025 la eliminación del subsidio de desempleo indefinido —el famoso paro de por vida que en ese país podía durar décadas—. Francia prepara recortes de 44.000 millones de euros con congelación de prestaciones y miles de despidos en el sector público, ante los que los sindicatos han convocado huelga general. El patrón es el mismo en todas partes. Solo cambia el calendario.
En ese contexto conviene mirar con atención quién firma los recortes. Friedrich Merz, el canciller que recorta el sistema sanitario de quienes cotizaron toda su vida, fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Asset Management Deutschland AG entre 2016 y 2020. No era un empleado menor: su función principal era actuar como enlace político de alto nivel, utilizando su red para dar a BlackRock acceso a los responsables de toma de decisiones en Berlín y Bruselas. Bajo su supervisión, la firma se convirtió en accionista de importantes empresas alemanas. El economista Werner Rügemer documentó que Merz tenía la tarea de "promover la expansión de BlackRock en Alemania y en importantes empresas alemanas, también a través de contactos con el gobierno federal". El problema no es la persona. Es la estructura: un hombre que pasó cuatro años representando los intereses del mayor gestor de activos del mundo toma ahora decisiones sobre el gasto social de los trabajadores alemanes. Que sea él quien firme estos recortes tiene una ironía que resulta difícil de ignorar.
El coste electoral ya es visible. La AfD lidera las encuestas con el 27%, cinco puntos por delante de la CDU/CSU, que ha caído al 22%. El SPD no supera el 12%. El partido que más se beneficia de estos recortes es el que los llevaría mucho más lejos, en otra dirección y sobre otros destinatarios. Y los que los aplican, intentando evitar exactamente ese escenario, lo que consiguen por ahora es alimentarlo. El 69% de los alemanes dice temer la pobreza en la vejez. Ese dato no necesita interpretación.
El espejo no engaña. Lo que muestra es un sistema que prometió demasiado, que tardó demasiado en reconocerlo, y que cuando finalmente recorta, lo hace sobre las espaldas de los mismos que lo financiaron. La pregunta que cada persona puede hacerse, al margen de lo que decidan los gobiernos, es bastante concreta: en qué medida está construyendo algo que no dependa únicamente de lo que el Estado pueda o quiera darme. No como renuncia a lo colectivo, sino como lectura honesta de lo que ese colectivo puede garantizar de aquí a treinta años. La respuesta es personal. Pero formularla sin que nadie te diga que es de derechas o de izquierdas hacerlo es, quizás, lo mínimo que uno puede exigirse.
