¿Rothbard tenía razón? ¿el Estado es enemigo del mercado?

Murray Rothbard, el enfant terrible del pensamiento libertario, sostenía que el Estado no es árbitro ni garante, sino depredador: un monopolio de la violencia que vive de lo que expropia. Su visión, radical incluso para los liberales clásicos, pinta al Estado como enemigo natural del mercado, una forma sofisticada de parasitismo institucional. Suena extremo, pero ¿y si tuviera parte de razón?

La historia económica ofrece abundantes episodios donde el poder político ha distorsionado el libre intercambio en nombre de causas nobles. Desde los monopolios reales británicos hasta los rescates bancarios de 2008, el patrón se repite: el Estado protege a ciertos actores, manipula los incentivos y luego predica moralidad económica. Rothbard veía en ello la prueba de que el Estado no corrige los fallos del mercado, sino que los produce selectivamente para justificarse. Una crítica incómoda… y no del todo infundada.

Sin embargo, la tesis rothbardiana tiene su propio talón de Aquiles: presupone que un mercado puro podría autorregularse en armonía perpetua si se le dejara en paz. Esa fe casi teológica en el orden espontáneo ignora la naturaleza humana, que no solo busca beneficio, sino también poder. Allí donde hay concentración económica, surgen conductas cartelarias, captura regulatoria y una tendencia inevitable a confundirse con el Estado mismo. Paradójicamente, el capitalismo sin contrapesos tiende a generar sus propios Leviatanes privados.

El dilema no es nuevo. Adam Smith ya advirtió que los empresarios, si pudieran, conspirarían contra el público; Marx, que la burguesía usaría el Estado como su aparato político. Rothbard, en su rechazo absoluto al poder central, elimina al árbitro, pero olvida que los jugadores también hacen trampas. El resultado de su utopía posible sería una sociedad donde las leyes del mercado sustituyen al derecho, y la justicia se mide en capacidad de pago.

Aun así, conviene no desechar la advertencia rothbardiana. En plena era digital, el Estado y el mercado se confunden con inquietante facilidad. Los gobiernos compran datos a las plataformas; las plataformas redactan las leyes que deberían vigilarlas. El viejo antagonismo entre público y privado se disuelve en un tecno-feudalismo donde poder político y poder económico ya no se enfrentan: se asocian. En ese contexto, el instinto de Rothbard se vuelve profético. No porque el Estado sea intrínsecamente maligno, sino porque la alianza entre Estado y corporación anula tanto la libertad económica como la política.

Tal vez el verdadero enemigo no sea el Estado en sentido estricto, sino la comodidad con la que aceptamos su expansión cada vez que promete resolver nuestras inseguridades. El mercado sin moral produce desigualdad; el Estado sin límites, servidumbre. Entre ambos extremos se mueve nuestra frágil civilización, oscilando entre la codicia y la obediencia. Rothbard tenía razón en su desconfianza, pero se equivocó en su absolutismo: el enemigo no está fuera, está dentro —en nuestra propensión a delegar poder a cambio de tranquilidad.

De trabajadores a mantenidos: el salario universal en perspectiva

La idea del salario universal suena, para muchos, como la culminación de la justicia social: un ingreso garantizado, sin condiciones, para liberar al ser humano de la precariedad laboral. Sin embargo, tras el barniz utópico se esconde un proyecto de domesticación política. Transformar ciudadanos productivos en clientes del Estado no emancipa a nadie; los convierte en dependientes agradecidos. En otras palabras: menos trabajadores, más mantenidos.

El salario universal parte de una premisa moralmente seductora pero intelectualmente perezosa: que el trabajo es una condena, y que liberarnos de él mediante una renta fija nos acercaría a la felicidad. Pero el trabajo —en su sentido más amplio— no es solo una fuente de ingresos; es el ejercicio de la competencia, la creatividad y la dignidad. Pretender sustituirlo por un depósito mensual del Estado equivale a vaciar de contenido la libertad misma. Lo que se promete como emancipación acaba siendo una suave servidumbre con rostro digital.

Sus defensores suelen invocar la automatización como justificación: las máquinas harán nuestro trabajo, dicen, y será necesario compensar a los excluidos del sistema. Pero esta visión olvida que la tecnología no destruye empleos; los transforma. Cuando el telar mecánico reemplazó al tejedor, nació la industria textil moderna. Cuando Internet desplazó tareas rutinarias, creó mercados enteros basados en conocimiento y servicios. El problema no es la máquina, sino la mentalidad del hombre que teme competir con ella.

Detrás del salario universal late una lógica política más profunda: el control social disfrazado de compasión. Un ciudadano que depende del Estado para comer no puede enfrentarse al Estado sin riesgo. Si las democracias contemporáneas se han degradado hacia una especie de paternalismo digital, el salario universal sería su versión definitiva: una sociedad donde el poder ya no se impone a través de la represión, sino del “cuidado”. Panem et circenses, pero con transferencia bancaria.

Los experimentos actuales en países nórdicos o en pequeñas regiones tecnocráticas ofrecen una pista: cuando la renta básica se prolonga, la productividad cae y la iniciativa empresarial se diluye. No porque las personas sean perezosas por naturaleza, sino porque la previsibilidad mata el incentivo. El ser humano crece en la incertidumbre, no en la comodidad garantizada. Lo que mantiene viva una civilización no es el derecho a recibir, sino la posibilidad de crear.

En última instancia, el salario universal no es una política económica, sino un proyecto antropológico: redefine quién debe sostener a quién. Creemos estar diseñando un sistema compasivo, pero en realidad estamos trazando la frontera final de la libertad. Una sociedad que paga a sus ciudadanos por no participar en ella deja de ser una comunidad de individuos libres y se convierte en una guardería financiada por deuda pública.

Europa, obsesionada con proteger al ciudadano del esfuerzo, podría acabar descubriendo lo que Roma aprendió tarde: cuando el trabajo deja de tener valor, la decadencia no tarda en llegar. El salario universal no promete futuro; promete anestesia.