Una fábrica puede tener los mejores trabajadores y la mejor tecnología, pero si paga la energía mucho más cara que su competidor, empieza la carrera con desventaja. En España este factor se ha convertido en uno de los más determinantes.
Lo que pesa la energía en la cuenta de resultados
Según la Fundación BBVA y el Ivie, en 2020 las manufacturas españolas gastaban 8 céntimos en energía por cada euro de valor añadido. En Francia el gasto era de 6 céntimos, en Alemania de 5 y en Italia de 2. La industria española no consume más que la europea, de hecho es algo más eficiente, pero paga más por lo que consume.
La brecha con nuestros vecinos
Los datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) lo confirman para la industria electrointensiva. A cierre de abril de 2026, el precio final de la electricidad para estas empresas era de 71,10 euros por megavatio hora en España, frente a 59,36 en Alemania y 27,64 en Francia. Eso supone pagar un 20% más que un competidor alemán y un 157% más que uno francés.
La paradoja es que España produce electricidad renovable a precios muy competitivos en el mercado mayorista. La diferencia se explica por los costes que se añaden después. Según AEGE, los servicios de ajuste del sistema recaen en España sobre los consumidores industriales en mayor medida que en otros países, y las compensaciones por el coste indirecto del CO2 que reciben las empresas alemanas son sustancialmente superiores a las españolas. Cada uno de estos conceptos supone una desventaja de unos 21 euros por megavatio hora.
El problema europeo
El informe sobre competitividad que Mario Draghi presentó a la Comisión Europea en 2024 situó la energía en el centro del diagnóstico: las empresas europeas pagan la electricidad y el gas bastante más caros que sus competidoras de Estados Unidos. Para cerrar la brecha de competitividad, el informe estimó una necesidad de inversión de alrededor de 800.000 millones de euros anuales en el conjunto de la Unión.
Regulación y seguridad jurídica
La energía no es el único coste que se decide en los despachos. Una inversión industrial se amortiza en quince o veinte años, y quien la hace necesita saber que las reglas fiscales, laborales, medioambientales y energéticas no cambiarán a mitad de camino. La acumulación de normas autonómicas, estatales y europeas, los plazos de tramitación de licencias y los cambios regulatorios frecuentes pesan tanto como el precio de la factura a la hora de elegir dónde abrir una planta.
Ha-Joon Chang recuerda que ningún país se industrializó dejando la industria a merced del azar. Las condiciones que hacen atractiva una inversión industrial son, en gran medida, decisiones públicas.